El congresista nacionalista Daniel Abugattás denunció que los daños en la bocatoma de la planta de agua revelan que la corrupción se “cocinó” en el régimen aprista y continuó en la actual administración.
El escándalo por la denuncia –efectuada en Cuarto poder– sobre el mal estado de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa alcanzaría a altos funcionarios del actual gobierno, entre ellos ministros de Estado “que tendrán que responder si es que no actuaron con diligencia”, aseveró a Perú21 Daniel Abugattás, legislador de Gana Perú e integrante de la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato en nuestro país.
La obra, se recuerda, fue construida durante el régimen aprista a un costo de S/.820 millones.
“Yo creo que este es un caso emblemático de cómo ha venido funcionando la corrupción que supera un periodo gubernamental, porque, si bien esto se ‘cocinó’, por decirlo de alguna forma, durante el gobierno de Alan García, continuó durante el nuestro”, declaró el legislador tras escuchar al gerente general de Sedapal, el ingeniero Ramón Huapaya Raygada, ante la Comisión de Vivienda del Parlamento.
RESPONSABILIDADES
Es que, lejos de disipar las interrogantes sobre las irregularidades que rodean el megaproyecto, la exposición del funcionario no hizo sino sembrar más dudas e inquietudes entre los parlamentarios.
“Aquí, aparentemente, ha habido responsabilidades civiles, penales y administrativas, y no se ha hecho nada. Unos que hicieron el contrato bajo Lava Jato, con su dinerito y sus cositas, y (otros) que no hicieron lo que tenían que hacer”, apuntó Abugattás, sin descartar que esas responsabilidades lleguen a algunos ministros.
“¿Habría responsabilidades? Yo creo que sí, eventualmente, si es que no han actuado con diligencia o han omitido; no serán delitos de mucha gravedad, pero los delitos de omisión también son sancionados”, agregó, y anticipó que pedirá que el caso de la planta de Huachipa se priorice en la agenda de la comisión que ve el caso Lava Jato.
En diálogo con este diario, además, advirtió que en esta obra no solo habría habido corrupción, sino que, a su entender, también se habría cometido delito de estafa, toda vez que su objetivo era abastecer de agua potable, a razón de 10 metros cúbicos por segundo, a 2 millones 400 mil ciudadanos de Lima. Hoy, apenas un año después de entrar en funcionamiento, la planta solo tiene un caudal de 1.1 metros cúbicos por segundo y favorece a solo 360 mil habitantes.
¿SIN DENUNCIA?
En su intervención ante la Comisión de Vivienda, en tanto, el gerente general de Sedapal reveló que el proyecto de la planta de tratamiento, que en 2008 se adjudicó al consorcio Huachipa –formado por las empresas Camargo Correa S.A. de Brasil y OTV S.A. de Francia– se saltó a la garrocha el filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y precisó que en 2012 ya se había producido la rotura de una tubería del ramal norte. Huapaya refirió también que, si bien la obra fue entregada a Sedapal en 2011, ese fue un trámite meramente simbólico, pues la planta entró en operaciones recién en julio del año pasado.
Asimismo, anunció que los daños en la bocatoma le fueron comunicados a Sedapal el 22 de setiembre último, apenas ocho días antes de vencerse la relación contractual. Añadió que, por este motivo, el proceso de liquidación está en revisión, luego de lo cual anunció que Sedapal convocará a una licitación pública internacional para contratar una empresa que audite toda la obra y determine si los daños en la bocatoma son producto del diseño, ejecución, operación y/o mantenimiento de la planta.
Este último anuncio exasperó todavía más a Abugattás, quien cuestionó que el gobierno asuma un pasivo de esa naturaleza y no formule la denuncia correspondiente. Huapaya, quien asumió el cargo hace tres meses, replicó que el caso es investigado por el Ministerio Público, pero no detalló si esa indagación responde a una demanda expresa de Sedapal o si es consecuencia de la investigación fiscal de oficio por el caso Lava Jato. “Voy a pedir todos los actuados y probablemente debamos coordinar con la Contraloría una inmovilización de documentos”, concluyó Abugattás.
SABÍA QUE
- La Comisión de Vivienda citará al contralor general para que informe cómo se dio el proceso de licitación y si hubo algunas exoneraciones, adelantó a Perú21 su titular, Manuel Merino.
- El legislador cuestionó que el proyecto se haya ejecutado con el aval de dos cartas fianza de S/.62 millones, cuando, dijo, lo que correspondería sería una garantía equivalente al 20% de la obra, es decir, S/.160 millones.
- Según la firma contratista, los daños en la bocatoma habrían sido causados por el acarreo de piedras en las crecidas del río Rímac
Fuente Perú21
