La Segunda Sala Civil con Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, anuló el laudo arbitral que obligaba al Gobierno Regional a través del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) el pago de 7’217,776.30 de soles a favor de la empresa Incot Constratistas Generales por supuestos daños y perjuicios durante la construcción del sistema de irrigación Ponaza, en la provincia de Picota.
El sustento de la anulación del laudo fue que el Tribunal Arbitral “se ha pronunciado sobre materias que de acuerdo a la Ley son manifestante no susceptibles de arbitraje por cuanto pretende aprobar adicionales mayores al 15 por ciento del presupuesto contratado, lo cual por Ley está prohibido conocer y menos pronunciarse”. Sin embargo, pese a ello, el tribunal las ha otorgado omitiendo su obligación de verificar su decisión emitida el 24 de noviembre de 2015.
Cuando los adicionales de obra superan el 15 por ciento del monto del contrato original, requiere la autorización previa de la Contraloría General de la República, según la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Por ello, la Sala Civil sostiene que se ha producido un fraude a la ley, la que consistió en la conducta voluntaria de burlar la aplicación de una norma imperativa desfavorable obteniendo que otra disposición favorable sea la que se le aplique.
Además, con esta resolución marca un precedente al dejar sustentado el plazo de caducidad para la presentación de las demandas arbitrales, como interpuso la empresa y el tribunal admitió, contraviniendo así los plazos establecidos en las condiciones de contratación (28 días).
Otro de los fundamentos para esta nulidad es que el tribunal incumplió la ley y el reglamento al otorgar indebidamente ampliaciones de plazo y no haberlas justificado. Esta decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima fue resuelta el 1 de diciembre pasado.
Fuente Diario Voces
