Desde mascarillas y gel desinfectante hasta ventiladores mecánicos para atender a pacientes con Covid-19. La Emergencia Nacional es acompañada por investigaciones a nivel periodístico, policial y fiscal sobre presuntos actos de corrupción en la adquisición de dispositivos médicos para afrontar la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción incluso intervino las oficinas de la Contraloría, máximo órgano de control de los funcionarios públicos, a raíz de una denuncia por compras con sobreprecio.

En este contexto, OjoPúblico entrevistó a Mihaly Fazekas (*), investigador de la Universidad de Cambridge y profesor de la Universidad de Europa Central, cuyo trabajo ha modelado la lucha anticorrupción de países como Estonia e Italia, y la labor de fiscalización del Banco Europeo de Inversiones. “Debemos promover la publicación transparente de las contrataciones lo más rápido que sea posible”, advierte Fazekas ante los riesgos de corrupción de la pandemia.

A inicios de mayo, OjoPúblico reveló que el Estado peruano ha destinado más de S/442 millones para contrataciones sin competencia, una modalidad riesgosa de corrupción, según determinó el algoritmo denominado Funes. Este último fue desarrollado por nuestro medio en 2019, en base a un modelo de indicadores de riesgo desarrollado por Fazekas, quien además es fundador del Instituto de Transparencia Gubernamental.

Fazekas además advirtió que el historial de las compañías y la comparación de precios deben ser fiscalizados para prevenir la corrupción en las compras públicas durante la emergencia. “La compra de mascarillas a una compañía registrada en un paraíso fiscal, que nunca antes ha vendido mascarillas, es una enorme bandera roja”, señaló en entrevista con nuestro medio.

Fazekas es además uno de los fundadores del proyecto Digiwhist, que utiliza el análisis masivo de datos para medir los riesgos de corrupción en más de 30 países europeos, y es un consultor regular de la Comisión Europea, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), y del Banco Mundial, entre otras organizaciones internacionales.

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Los datos de contrataciones públicas no tienen buenos estándares, sobre todo en América Latina, y las emergencias hacen más difícil el acceder a estos. ¿Qué obstáculos ha identificado en la lucha contra la corrupción en compras públicas durante la crisis del Covid-19?

Un problema anterior a esta crisis es el alcance de los datos: muchos contratos son reportados de manera incompleta o no son reportados. Por ejemplo, la convocatoria es pública, pero no la adjudicación. En la mayoría de los países latinoamericanos, los datos sobre la ejecución del contrato no son incluidos en los sitios web; así que no tenemos información sobre los pagos, las entregas [de bienes o servicios], y la cantidad y calidad de estos durante la fase de entrega.

¿Hay otros obstáculos previos a la crisis?

La calidad de los datos también es un problema, solemos encontrar registros incorrectos. Por supuesto, esto ocurre menos en países como Brasil, que cuentan con un sistema de compras públicas transaccional (esto quiere decir que la transacción es realizada a través del sistema de compras estatales, que automáticamente hace pública la información). Además, están los retos de accesibilidad: ¿cuán fácil es descargar y analizar los datos? Estos problemas ya estaban ahí. En comparación con Europa, el Sudeste Asiático y especialmente África subsahariana, los países de América Latina están muy avanzados.

¿Cuáles obstáculos ha agregado la crisis del Covid-19?

Primero, la relajación del marco legal. Esto suele suceder cuando los gobiernos tienen sistemas lentos de compras públicas. En estos casos, el Gobierno relaja las reglas para comprar más rápido, sin competencia. Normalmente, la relajación del marco legal implica menor transparencia. Hay argumentos racionales detrás de esta lógica: queremos adquirir mascarillas y pruebas de descarte de manera rápida, y no perder tiempo con requisitos burocráticos. Sin embargo, esta situación también invita al abuso y aumenta el riesgo de corrupción.

Además, hay escandalosos ejemplos del uso de los procesos de contratación pública durante emergencias para la ejecución de obras y adquisición de bienes no relacionados a la crisis, como la construcción de estadios. La explotación excesiva del marco legal para emergencias, sumado a una menor transparencia, aumenta el riesgo de corrupción.

Si bien la flexibilización legal es necesaria durante la emergencia, ¿qué estándares deberían mantener nuestras agencias de compras públicas?

La flexibilización de la transparencia y el marco legal debe estar justificada de manera temporal. Aunque entiendo que los funcionarios están ocupados comprando mascarillas, ellos deben rendir cuentas e informar a la población de estas compras una vez que la presión por la inmediatez disminuya. El segundo conjunto de salvaguardas está relacionado al proceso de compra en sí mismo. Sobre todo en los sistemas de compras públicas transaccionales, la publicación de información es sencilla, no hay ningún requerimiento burocrático adicional. La información va al sistema. Debemos promover la publicación transparente de las contrataciones lo más rápido que sea posible.

La emergencia puede generar dificultades de transparencia. Pero, ¿no es muy tarde publicar la información después de adjudicado el contrato?

Un funcionario público que sabe que está obligado a publicar la información de todas maneras, en un par de días o en unas semanas, y que tendrá que hacerse responsable por las decisiones que toma durante la emergencia, puede servir como freno de un comportamiento corrupto. Por eso, no veo la razón por la cuál debamos empujar a que se publique la información de manera inmediata, el mismo día de la compra. Los funcionarios están ante un reto enorme, y muchas de las autoridades de compras públicas no están preparadas para perseguir a los proveedores. Usualmente el gobierno tiene una cantidad considerable de proveedores en el mercado, ahora es al revés. Los gobiernos están compitiendo entre ellos por el suministro global de bienes y servicios.

Las contrataciones directas son usuales durante las emergencias. ¿Esta modalidad implica un mayor riesgo de corrupción?

He escrito bastante sobre los riesgos de corrupción asociados a los procesos de proveedores únicos (cuando solo una empresa presenta una oferta), y a las contrataciones directas (cuando la modalidad de por sí no es competitiva). En general, la competencia disminuye el riesgo de corrupción. Por este motivo, cuando solo aparece un proveedor, uno puede inferir que hay limitaciones deliberadas para la competencia.

Hay situaciones que justifican un proceso de un solo proveedor, por ejemplo las emergencias. Aunque hay mucha literatura acerca de compradores corruptos que crean emergencias artificiales para justificar procesos sin competencia, nadie puede discutir que el Covid-19 es una situación genuina de emergencia. Entonces, es más difícil inferir que una contratación directa sea corrupta en este contexto, por eso debemos concentrarnos en otras banderas rojas.

En ese sentido, ¿qué datos deberíamos analizar para reducir el riesgo de corrupción en las compras públicas?

Primero, los datos sobre proveedores: su estructura corporativa y su historial de actividad en el mercado. Por ejemplo, la compra de mascarillas a una compañía registrada en un paraíso fiscal, que nunca antes ha vendido mascarillas, es una enorme bandera roja. También son importantes los datos sobre precios, calidad y cantidad. Debo resaltar que los precios se están disparando en todos lados. Por eso, solo el hecho de comprar mascarillas con sobreprecio no significa que ha ocurrido un acto de corrupción. Se debe analizar la diferencia entre el precio adquirido por el Gobierno peruano y el movimiento del precio internacional. Si estás pagando un precio mucho más alto que el incremento promedio de precios a nivel global, entonces habrá un caso para investigar.

(*) El algoritmo Funes, que desarrolló OjoPúblico para identificar riesgos de corrupción, se basa en el modelo propuesto por Fazekas.

Fuente Ojo Público

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