La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, destacó el embargo de bienes y activos de investigados y empresas durante el año 2020 por un valor de más de S/ 180 millones que tienen por objetivo asegurar el eventual pago de la reparación civil que deberán realizar los investigados a favor del Estado.
En entrevista con RPP Noticias, la procuradora precisó que este monto se suma a los S/ 850 millones en embargos que han sido inscritos en registros públicos para asegurar el eventual pago de la reparación civil que deberán realizar los investigados a favor del Estado.
La procuradora recordó que, de acuerdo con estimaciones presentadas al interior de los procesos del caso Lava Jato, su equipo ha solicitado alrededor de 6 mil millones de soles como monto preliminar de reparación civil en 15 casos penales durante el 2020. Agregó que esto, sumado a lo trabajado en años anteriores, hacen un total de 14 mil millones de sones solicitados como monto preliminar de reparación civil de las investigaciones abiertas.
«Vemos que los acuerdos de colaboración eficaz no solamente sirven para los temas penales, sino también para los temas patrimoniales de recuperación a favor del Estado y tenemos a la fecha 4 ya aprobados y la reparación civil que se ha cobrado hasta el momento, que son 104 millones de soles por estos cuatro acuerdos, es la reparación civil probablemente más alta cobrada por temas de corrupción en el histórico de nuestro país. Es un instrumento eficaz para las investigaciones y para la recuperación patrimonial del Estado», resaltó.
Asimismo, reconoció que la pandemia por la COVID-19 afectó el trabajo del sector público; sin embargo, destacó que, pese a esto, se logró cobrar S/ 24 millones por concepto de reparación civil por 3 acuerdos de colaboración eficaz en el marco del caso Lava Jato: Odebrecht, Josef Maiman y José Francisco Zaragoza.
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato agregó que a estos se suma otra de una persona natural cuya identidad no ha sido levantada. Con ello, destacó, al día de hoy el Estado ha cobrado más de S/ 104 millones en total.
Actualmente, los abogados de la Procuraduría vienen negociando el pago de reparaciones civiles en 6 acuerdos de colaboración eficaz: 3 con empresas (entre ellas Aenza, antes Graña & Montero) y 3 con personas naturales. Asimismo, la Fiscalía les ha brindado acceso a otros 11 procesos de colaboración que se encuentran en etapa de corroboración.
«Tenemos tres procesos de colaboración de empresas, una de ella es Graña & Montero, y tenemos otras dos que mantienen la reserva de su identidad con la cual hemos iniciado el proceso de negociación de la reparación civil. Con dos estamos bastante avanzados en llegar a un número de la reparación civil», detalló.
La defensora del Estado también resaltó que han presentado ante la Fiscalía 17 solicitudes para que se amplíe la investigación sobre nuevos hechos ilícitos en 15 casos penales. Asimismo, indicó que los abogados del equipo que dirige han asistido a más de 1,300 diligencias virtuales y presenciales.
Fuente RPP
