La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 76 262.00 en la Municipalidad Distrital de Olmos, en Lambayeque, por la adquisición de productos de primera necesidad sin registro sanitario y a mayor precio del obtenido en la indagación de mercado, que fueron destinados a las canastas básicas repartidas a las familias vulnerables durante la emergencia sanitaria COVID 19, generando peligro para la salud.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 023-2020-2-2137, una comisión auditora evidenció que el municipio contrató la compra de varios productos por S/ 199 891.25. En un primer desembolso se pagó a la proveedora S/ 72 825.00 por 437 sacos de arroz y 130 cajas de conservas grated de jurel no aptos para el consumo humano, según la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y la Dirección de Supervisión Fiscalización Pesquera y Acuícola del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES.

Dichos productos no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento y orden de compra; no contaban con registro sanitario, código de lote, fecha de producción y vencimiento, ni registro de la empresa en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para el procesamiento de alimentos.

Asimismo, la municipalidad pagó un sobrecosto de S/ 3 437.00 por 142 sacos de azúcar rubia, 30 cajas de leche evaporada y 147 paquetes de sal marina. De la indagación de mercado efectuada por el área de Logística, se determinó que otros proveedores ofertaron precios más bajos.

Cabe indicar, además, que, la comisión auditora determinó que, coincidentemente, el valor total de la contratación (S/ 199 891,25) fue igual al valor cotizado por la proveedora elegida. De la revisión de las cotizaciones presentadas por los otros cinco proveedores, se advierte que los productos que ofertaron tenían precios más bajos.

Según el Informe de Control Específico, los productos decepcionadas e incluidos en las canastas básicas y distribuidos a las familias vulnerables de Olmos, fueron pagados sin contar con el informe de conformidad del área usuaria y sin tomar en cuenta el riesgo para la salud por ser productos no rastreables y de procedencia desconocida o dudosa.

En los hechos irregulares ocurridos en el año 2020, se determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de siete servidores públicos de la entidad. La Contraloría recomendó al Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Olmos iniciar las acciones penales contra los involucrados y al alcalde de Olmos disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades.

Fuente Perú21

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