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Procuraduría y el OCI tiene en la mira a trece funcionarios

Procuraduría y el OCI tiene en la mira a trece funcionarios

Entre abril y mayo del presente año, el gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez Farías, y el gerente general adjunto, Eduardo Azavache Alvarado, han dispuesto, a través de sendas resoluciones gerenciales y ejecutivas, abrir procesos administrativos disciplinarios, en algunos casos, y autorizar a la Procuraduría iniciar acciones legales, en otros, contra 13 funcionarios de confianza.

La mayoría de las investigaciones es motivada por un presunto mal ejercicio de las funciones que se le asigna a cada uno de estos servidores, a tal punto que varios de ellos habrían incurrido en la vulneración de las normas de la Ley de Contrataciones y hasta terminaron por generar perjuicios económicos a las arcas del gobierno regional.

ACCIONES LEGALES. Es el caso de Giulina Tirado García, actual gerente de Contrataciones del gobierno regional.

Según la resolución ejecutiva N°935, Tirado habría incurrido en la presunta vulneración de la Ley de Contrataciones cuando se desempeñaba como subgerente de logística y servicios generales, en el periodo que va del 2 de diciembre de 2016 a al 19 de enero de 2017.

La resolución antes señalada está sustentada en el informe de auditoría N°018, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI), en el que se concluye que funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura y Subgerencia de Estudios Definitivos, habrían considerado precios mayores a los que ofrece el mercado durante la elaboración del expediente técnico para la contratación directa del Servicio de Mantenimiento de Cobertura y Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la sede del gobierno regional.

IDENTIFICADOS. De acuerdo a lo señalado en ese mismo documento, los funcionarios fueron identificados como Jorge Luis Bringas Maldonado, quien en ese entonces se desempeñaba como el gerente de Infraestructura.

José Cabreras Huertas, exsubgerente de Estudios Definitivos; Carlos Polo Sáenz, evaluador de la subgrencia de Estudios Definitivos; y Luis Vallejos Florian, evaluador.

Sin embargo, también se comprende a Giuliana Tirado debido a que desde el cargo que ocupaba no realizó la indagación de mercado para la determinación del valor estimado del servicio.

PERJUICIO. La situación expuesta ocasionó que el presupuesto del servicio y el valor estimado se determinen con un alza ascendente a S/145,941.03, importe que constituye perjuicio económico al gobierno regional. Según el informe de OCI, esto se originó por el accionar de los funcionarios y servidores de las gerencias y subgerencias antes señaladas.

Por tales razones, el propio gobernador Luis Valdez Farías firmó la resolución ejecutiva N°935, mediante la cual autoriza a la Procuraduría Pública Regional iniciar las acciones legales correspondientes contra los funcionarios y servidores antes aludidos.

A DISCIPLINA. Pero ese no ha sido el único caso. Entre el 12 y 20 de abril, a través de las resoluciones gerenciales Nº 029 y 035, el gerente general adjunto del Gobierno Regional de La Libertad, Eduardo Azabache Alvarado, dispuso abrir proceso disciplinario contra el gerente regional de Defensa Nacional,César Campaña Alemán; el gerente regional de Asesoría Jurídica, Nelson Lozano Chávez; y el subgerente de Logística y servicios Generales,Juan de la Granja Castillo.

NADA CLARO. Según los considerandos en ambas resoluciones, el 17 de marzo de 2017, cuando la región La Libertad era azotada por el embate del fenómeno El Niño, el funcionario Juan de la Granja remitió al gerente de Asesoría Jurídica Nelson Lozano la propuesta de contratación directa, por causal de emergencia ante las intensas lluvias, para la adquisición de bienes y servicios para ayuda humanitaria y combustible por un monto de S/ 3’874,464.

PROBLEMA. Hasta ahí todo bien, pero según el mismo documento, el problema se registró cuando César Campaña pasó a firmar constancias de conformidad de la recepción de los bienes y servicios adquiridos, después de que habían pasado los 10 días hábiles para esa regularización. Además, él no es el funcionario facultado por ley para firmar esos documentos.

Pero no solo eso, también se le atribuye el hecho de haber firmado constancias antes de darle la conformidad de la prestación del servicio y antes de que los bienes ingresen al almacén. Esto lo habría hecho con la venia de Juan de la Granja.

En cuanto a Nelson Lozano Chávez, la falta está en el hecho de supuestamente no velar por el cumplimiento de la normativa legal ni las razones técnicas para determinar las cantidades y tipo de bienes que se adquirieron en la emergencia por el fenómeno El Niño Costero.

EL PRIMERO. En las investigaciones por las compras directas por emergencia, también se ha comprendido al exgerente general del GRLL, Carlos Matos Izquierdo.

Mediante la resolución ejecutiva N°547, el gobernador Luis Valdez dispuso abrir un proceso administrativo disciplinario contra el exfuncionario de confianza.

A Matos se le acusa de, presuntamente, no haber supervisado y velado por el buen uso de los recursos financieros del Estado en la adquisición de bienes y productos para ayuda humanitaria y combustible durante la emergencia.

OTROS CASOS. Con las resoluciones gerencial N°032 y N°028, se dispuso abrir procesos administrativos disciplinario contra Luis Tarma, responsable de la Unidad Formuladora. También se investiga a Ricardo Pozo Sandoval, gerente de Energía y Minas; a Raúl Araya, subgerente de Minas y a Orlando Bueno, abogado del área jurídica de la gerencia de Minas.

Fuente Diario Correo

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