Unas 150 autoridades y funcionarios (anteriores y actuales), empresarios y otros implicados en delitos de corrupción hacen uso de los abogados del Estado para defenderse y para colmo no pagan por el servicio.

De ese número, una docena son anteriores y actuales alcaldes y altos funcionarios. Uno de ellos es el burgomaestre de Urubamba, Humberto Huamán Aucapuma, investigado por corrupción y abuso sexual a una trabajadora.

En esa lista también figuran los prófugos exalcaldes de Echarati, Elio Pro Herrera y José Ríos Alvarez. Pro fugó a fines de enero pasado de la justicia, días antes de que sea condenado a diez años de prisión. Ríos está no habido desde mediados de 2016, cuando un juzgado dictó 9 meses de prisión preventiva en su contra. Entre los altos funcionarios aparecen César Camacho, exgerente general de Echarati; Smith Béjar, exfuncionario de La Convención, César Yauri Bustos; exjefe de Defensa Nacional del Gobierno Regional Cusco, entre otros.

Robert Chávez Hurtado, director de la Defensa Pública del Estado, explicó que los defensores públicos atendieron 181 casos, por los cuales los sospechosos de ser corruptos no han pagado. La deuda total asciende a 23 mil 263.22 soles. Pronto empezará a ejecutarse el cobro coactivo.

Por lo general los jueces disponen que un acusado de corrupción sea defendido por un abogado público por ausencia de su defensor y así evitar que se frustren las audiencias y se dilaten los procesos. Chávez pidió a los jueces que multen a los abogados defensores que falten a las audiencias y no se use el camino fácil de pedir abogados del Estado para que estos procesados sean defendidos.

Fuente Diario La República

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