La estructura actual para las contrataciones estatales fomenta y allana el camino para que se cometan actos dolosos y facilita la corrupción a nivel del sector público, consideró el representante de la Asociación Civil Gobierno Abierto, Jorge Scerpella.
Señaló que es necesario modificar la Ley de Contrataciones del Estado, porque «está estructurada de tal manera que avala la corrupción y la Contraloría (General de la República) no la detecta porque los funcionarios que cometen estos actos, paradójicamente actúan de acuerdo a ley vigente», afirmó.
Scerpella explicó que un tema central por modificar se encuentra en un arbitrario sistema de calificación establecido en esta ley, que le da al comité un excesivo poder de decisión que permite que malos funcionarios puedan digitar otorgamientos de contratos.
Afirmó que estos malos funcionarios reciben a cambio un «diezmo» que consiste en que el postor, previo acuerdo con la comisión calificadora, debe considerar entre sus costos un porcentaje adicional cuando presentan su propuesta que debe estar entre el 90% y el 110% del presupuesto referencial que son los límites que precisa la ley.
«Se debe eliminar la amplia discrecionalidad de la que gozan los miembros calificadores y establecer un procedimiento transparente, abierto, informado y accesible a la ciudadanía», sostuvo Scerpella.
Ante ello, la Asociación Civil Gobierno Abierto propone corregir la Ley de Contrataciones del Estado porque considera que hay excesivos adicionales y una inexistencia de expediente técnico completo en licitaciones públicas.
También plantea eliminar el límite inferior del 90% en la propuesta económica, transparentar las licitaciones y concursos públicos, además de eliminar la evaluación técnica en la determinación del puntaje de los postores.
Las entidades del Estado deben satisfacer las necesidades de los ciudadanos, como brindar servicios de salud, seguridad, educación, administración de justicia, además de construir obras públicas relacionadas con agua y desagüe, carreteras, energía eléctrica, entre otras.
Para ello se requiere contratar bienes, servicios y obras, resultando imprescindible asegurar que se realicen con transparencia.
Fuente La República
