Tras la información que emitió el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) de la empresa que ejecutará la obra del hospital regional MNB, China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú, con respecto a la omisión de información financiera al 17 de junio de 2020, siguen pidiendo la nulidad del contrato.
Como se recuerda, según el último reporte del Osce, dicha empresa, recién el 8 de julio de 2020, hizo el trámite de actualización de información financiera ante el Registro nacional de proveedores (RNP).
De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 64 literal 64.6, “en caso de comprobarse inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación, la entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato”.
Ante ello, los consejeros Germán Alejo (Huancané), Isidro Pacohuanaco (San Román) y Vidal Flores (Puno), nuevamente informaron, mediante un documento, al gobernador Agustín Luque Chayña, que la declaración jurada de la empresa China (anexo N° 02) contenía información inexacta.
Asimismo, lo exhortaron a que, por el bien de la región Puno, actúe conforme a Ley y demuestre que no tienen un interés particular en favorecer a un determinado grupo empresarial. “Luque Chayña debe declarar la nulidad del contrato N° 04-2020-LP-GR-PUNO”, dijeron.
Finalmente, indicaron que de ser entregados los adelantos directos en favor de la empresa, los responsables de Administración, Logística, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería estarán inmersos en una acción de colusión y cohecho.
OTRO PEDIDO
Al pedido de nulidad del contrato, se suma la carta ingresada al gobierno regional el pasado 7 de julio, rubricada por Gonzalo Urbina Pérez, gerente general de GMO Group, quien también refiere que el contrato debe anularse.
Este pedido se sustenta en el artículo 411 del reglamento de Contrataciones del Estado, donde se refiere que el que en un proceso administrativo se hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que deben probarse, violando la presunción veracidad establecida por ley, lo cual será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años.Además del artículo 64, donde se precisa que, en caso de comprobarse inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato.
GERENTE
El gerente del gobierno regional, Dante Coasaca, defendió a la empresa infractora, de la cual dijo que ya viene regularizando la información omitida en el proceso de licitación y el otorgamiento de la buena pro.
Fuente Los Andes
