Diversas autoridades de la región Piura están muy preocupadas por el lento avance de la investigación fiscal sobre presuntos pagos irregulares realizados por funcionarios del Gobierno Regional de Piura a favor de la constructora brasileña Camargo Correa, responsable del primer componente del Proyecto Especial e Hidroenergético Alto Piura (Peihap).

Óscar Echegaray, consejero por la provincia de Morropón, dijo a El Comercio que este mes se vence el plazo de la investigación preliminar, la cual podría archivarse. “El caso está a cargo del fiscal encargado de las fiscalías anticorrupción de Piura. No se ha avanzado la investigación porque la carpeta ha estado un mes en el aire. El temor es que se pueda archivar, y así se lo he hecho saber al presidente de la Junta de Fiscales de Piura”, dijo.

La presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, Elena Delgado Manrique, y el congresista Hernando Cevallos también han pedido al presidente de la Junta de Fiscales de Piura que les remita a la brevedad información sobre el avance de esta investigación.

“Nos preocupa la lentitud de la Fiscalía, en los casos que involucran al gobierno regional, como este del Alto Piura, las investigaciones por la prevención en El Niño costero y la quema de caña. Estamos pidiendo que este caso del Alto Piura sea derivado a Lima”, dijo Cevallos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, dijo que pedirá un informe general de los casos emblemáticos que tienen a cargo las fiscalías de Piura, y que incluye el del Alto Piura. “Espero que se haga una buena investigación en este caso y que se logren condenas”, dijo.

-El caso-

La investigación comprende al gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, y a otros nueve ex funcionarios de la entidad regional, por el presunto delito de negociación incompatible. La denuncia se basa en que los involucrados habrían aprobado pagos irregulares por más de S/. 11 millones a favor de la contratista brasileña Camargo Correa, que ejecutaba el primer componente del Proyecto Especial e Hidroenergético Alto Piura (Peihap).

Camargo Correa, investigada por la justicia peruana por el caso Lava Jato, suscribió en mayo de 2010 el contrato de ejecución del primer componente del Peihap por el valor de S/. 479 millones 663 mil 437. Sin embargo, tres años después debido a controversias con el Gobierno Regional de Piura, esta entidad le resolvió el contrato.

La investigación fiscal comenzó a mediados de julio de 2017 y tiene ocho meses de plazo para realizar las diligencias preliminares. Surgió luego de un informe de la Oficina de Control Institucional (OCI) que advirtió una serie de irregulares en los pagos a Camargo y Correa.

Según los documentos, los funcionarios del Peihap se habrían interesado indebidamente en favorecer al contratista, al adoptar irregulares acuerdos sobre ampliaciones de plazo que no eran procedentes. Asimismo, homologaron un laudo arbitral y acuerdos no sometidos al tribunal arbitral, para reconocer al contratista mayores gastos generales e indemnizaciones por más de S/. 11 millones 345 mil en perjuicio del estado peruano.

En las imputaciones se señala que Hilbck fue presidente del Directorio del Peihap desde el 31 de enero del 2011 a 12 de julio 2013, y participó directamente en la adopción de acuerdos con el contratista para reconocerle las ampliaciones de plazo 7; 8; 9 y 10, que no se efectuaron bajo criterios técnicos y además eran improcedentes.

Asimismo, la carpeta fiscal precisa que “la ampliación de plazo 9 estaba incluida en el adicional de obra 3”. Hilbck, además, adoptó un acuerdo para indemnizar a la contratista, pese a que en la fecha de dicho acuerdo (7 de setiembre de 2012), la contratista no había solicitado ninguna indemnización, como consta en un memorándum del 6 de setiembre.

El gobernador regional de Piura tampoco observó que quien ejercía la defensa jurídica del estado era la Procuraduría Pública Regional, y por tanto hubo una clara intromisión en sus funciones. Al final, el gobierno regional de Piura terminó pagando una indemnización de S/. 7 millones 715 mil 816 a favor de Camargo, que se incluyó dentro del proceso arbitral 2051-078-2011, que perdió la entidad regional.

En la investigación se incluye también a Pedro Mendoza, quien era entonces gerente general del Peihap y que actualmente se desempeña como presidente del actual Directorio del Peihap.

Hilbck dijo a un diario local que el consejo directivo del Peihap, del que fue presidente del 2011 al 2013, no tiene función ejecutiva. “Conforme al artículo 9 del manual de operaciones del Peihap, el consejo directivo es el encargado de establecer lineamientos políticos y lineamientos de ejecución”, comentó. Añadió que cuando se habrían tomado los acuerdos él ya no trabajaba en el gobierno regional.

Los otros ex funcionarios investigados son: Edilberto Ñique Alarcón, Luis Mario Ríos Carrasco, Alejandro Olazábal Checa, Karl Ríos Asmat, Máximo Sotomayor Castillo, Pedro Mendoza Guerrero, Jorge Luis Soyer López, Rosa Chinchay Labrín y Pablo Ferradas Luna.

Es preciso señalar, además, que el Peihap ha perdido recientemente un tercer arbitraje con Camargo Correa, por la suma de S/. 64 millones a favor de la cuestionada empresa brasileña.

Actualmente el primer componente del Peihap es ejecutado por el consorcio Obrainsa Astaldi, con quien el gobierno regional mantiene cuatro arbitrajes por la suma de S/. 25 millones. El avance del túnel de trasvase es de apenas 1.5 km, y se prevé que esté listo en cinco años. Este proyecto servirá para irrigar 19 mil hectáreas en el valle del Alto Piura, y ayudará a mitigar los efectos de Fenómeno El Niño, al represar aguas arriba.

Fuente El Comercio

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