Un manto negro en el cielo nos indicaba que una intensa lluvia caería sobre el territorio norteño. Era el verano del 2017 y el Fenómeno de El Niño era inclemente. Es imposible borrar de la retina las imágenes de quienes lo perdieron todo, que en medio del llanto y la desolación esperaban ayuda.

Y como está escrito, en los países subdesarrollados son las familias menos favorecidas las que siempre sufren más. Estas se quedaron literalmente en la calle, la lluvia se llevó sus casas y hasta sus animales.

A más de un año del fenómeno climático, el proceso de la reconstrucción presenta un gran atraso en las regiones de Lambayeque, Piura, Áncash, La Libertad y Tumbes. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que constató que las acciones de rehabilitación y reconstrucción se realizaron sin un enfoque de derechos; es decir, sin la atención integral de las personas damnificadas o afectadas para la restitución de sus derechos.

En la supervisión realizada a diciembre del 2017 se verificó que los damnificados aún continuaban viviendo en albergues sin condiciones mínimas de habitabilidad y sin contar con los servicios básicos de agua, saneamiento y energía eléctrica.

¿Y qué papel cumplió la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC? La Defensoría afirma que no tiene una intervención integral y el plan de la reconstrucción cuenta con un enfoque débil de derechos que no permite visibilizar intervenciones concurrentes.

Según el informe de seguimiento a las intervenciones por El Niño Costero de la Defensoría del Pueblo, este fenómeno natural dejó 283,137 damnificados y 1’644,879 afectados, así como un perjuicio económico al país de 130 millones de dólares, el que equivale al 1.6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Igualmente 37,408 viviendas colapsadas y 28,533 viviendas afectadas, 12 establecimientos de salud inoperativos y 546 afectados, además de 1,542 instituciones educativas afectadas.

La magnitud de los daños ocasionados evidenció las debilidades en la estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (Sinagerd) y la falta de prevención en la gestión del riesgo de desastre.

En este punto, Mónica Callirgos, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, señala que es una de las causas del problema integral. “Estas debilidades no permiten que estemos listos para asumir los daños a los que estamos expuestos como país. No hay medidas de prevención ni de mitigación de riesgos”, subraya.

Es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el ente rector del Sinagerd.

Un estudio concluyó que no existe una política efectiva y sostenida para actuar de manera reactiva en un post desastre.

De esta manera, puntualiza que a mayo del 2016, únicamente el 60% de gobiernos locales, el 50% de gobiernos locales provinciales y el 25% de gobiernos locales distritales formularon sus planes de contingencia ante la ocurrencia de El Niño.

También se observa la limitada asignación de recursos para las labores de prevención y la inacción de las autoridades regionales que “otorgan certificados de posesión e instalación de servicios básicos en zonas vulnerables por su afán político y electoral”.

Pobreza

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que 721,649 personas ocupadas que viven en las regiones del norte golpeadas por El Niño podrían ingresar a la pobreza, pues esta población tiene condición de vulnerable y viviría con un ingreso diario de 4 y 10 dólares.

De dicho total, disgrega que el 31.8% está en Piura, el 25.8% en La Libertad, 22.2% en Lambayeque, 16.8% en Áncash y un 3.3% en Tumbes, por lo que exhorta a priorizar derechos y servicios públicos para una digna calidad de vida.

En educación y salud

El sector educativo en el norte fue el más impactado. El Plan de la Reconstrucción con Cambios menciona que en Piura 41 colegios resultaron afectados y se destinó 1,070,152,132 soles que de una inversión nacional de 2,671,479 tiene el 40%; en Áncash fueron 381 colegios con una inversión de 531,457.060 soles que es el 19.89%; La Libertad tuvo 324 intervenciones en colegios con un presupuesto de 453,986.414 soles que significa 16.99%; mientras Lambayeque con 169 colegios afectados y 316,552.456 soles de inversión que representa el 11.85%; Tumbes tiene 47 intervenciones con 78,296,384 soles, que es el 2.93%.

En este caso, Mónica Callirgos enfatiza que de los 1517 módulos y aulas prefabricadas para beneficiar a 581 instituciones educativas, hay 110 pendientes de instalación.

Asimismo en el sector Salud, el Plan de la Reconstrucción considera 1,344,867 soles para la construcción de hospitales, centros de salud en un plazo de tres años a nivel nacional. Es preciso indicar que de ese presupuesto, el 95% se concentró en las regiones norteñas.

A ello se suma la transferencia de 96,239.256 soles realizada por el Ministerio de Salud para el mantenimiento de 1,015 establecimientos de salud que registra una ejecución financiera de 48%, lo que representa 45,800,761 soles. Lambayeque es la región con menor ejecución presupuestal con 13% de un total de 10,224,485 soles.

Callirgos enfatizó que la falta de asistencia técnica para elaborar los perfiles y de presupuesto para la contratación de técnicos ocasionó el retraso. “En noviembre del 2017 recién se aprobó la norma que permitió la contratación”, expresa.

Asimismo en el sector Vivienda, de los 5,795 módulos temporales de vivienda están pendientes de instalar 3,172 en las zonas afectadas.

Fuente La República

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