Lima, mar. 08 (ANDINA). El procurador anticorrupción Julio Arbizu dijo hoy que los exministros Rafael Rey y Hernán Garrido-Lecca habrían tenido niveles de participación activa en la firma del contrato con la empresa israelí Global CST Ltd. y, por eso, pidió a la Fiscalía ampliar las diligencias preliminares para ambos exfuncionarios.
Estima procurador anticorrupción
Sostuvo que la Procuraduría Anticorrupción tomó como base la denuncia presentada por la Contraloría, que concluyó que ese acuerdo generó un perjuicio de 40 millones de soles al Estado, y lo revelado en estos últimos días por los propios protagonistas, lo cual indicaría que sí tuvieron un nivel de intervención.
“Rey y Garrido-Lecca habrían tenido una participación activa en algunos casos y omisiva en otros y, en virtud de ello, y de nuestras facultades, hemos presentado la solicitud para someter a ambos exministros a diligencias preliminares”, manifestó.
En el pedido, la Procuraduría señala que Rey debe ser investigado por el presunto delito de colusión agravada y Garrido-Lecca por tráfico de influencias. Dichos delitos, dijo, se sancionan con penas de hasta 15 y 6 años de cárcel, respectivamente.
Manifestó que Rey, como ministro de Defensa del gobierno aprista, habría participado en una presunta concertación entre los funcionarios del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la mencionada empresa israelí, al avalar la aprobación de dicho contrato.
Refirió que el extitular del sector tuvo conocimiento de las tratativas entre ambas partes y supo que existía otra propuesta menos onerosa para el Estado, que al final no prosperó.
También aprobó de manera irregular la exoneración por servicios personalísimos, lo cual no correspondía.
Asimismo, indicó que Garrido-Lecca habría incurrido en el delito de tráfico de influencias por haber presentado a los directivos de la empresa israelí CST al exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz y al entonces jefe del Comando Conjunto Francisco Contreras.
Arbizu informó que se ha solicitado el levantamiento del secreto tributario de Garrido-Lecca a fin de verificar si recibió presuntos pagos por parte de la empresa israelí.
“Esta información es la que maneja mi despacho y por lo tanto podría tratarse de una intervención ilegal en la medida en que hay un ejercicio de influencias”, anotó.
Precisó que la procuraduría interpuso dicha solicitud ante la Fiscalía de la Nación por tratarse de la investigación a dos exfuncionarios del Estado con derecho de antejuicio político.
Fuente Andina
