Los anexos del informe de control de la Contraloría General de la República respecto del caso del canal inconcluso San Bartolo, esconden valiosa información que hasta el momento no ha sido considerada por la Fiscalía Anticorrupción en su investigación.
DOCUMENTO
Se trata del comprobante de pago 000210, de fecha 2 de febrero de 2010, con el se concreta el pago de 3.5 millones de soles a favor del Consorcio San Bartolo. Al final, en la sección denominada “recibí conforme”, se aprecia el nombre del actual gobernador, Juan Carlos Morillo, así como la que sería su firma y el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Si bien en este documento también está la firma del ingeniero Francisco Argomedo Estay, como representante de la empresa, se infiere que quien habría cobrado el dinero sería Morillo, a quien días antes se le había dado la carta poder, que anteriormente reveló Correo.
Se debe recordar que la empresa de Morillo, así como la de su hermana integraron el consorcio San Bartolo, constructora a la que se le adjudicaron los trabajos cuestionados, por un valor inicial de 17 millones, pero por los cuales se terminaron desembolsando 36 millones de soles.
Para el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, quien ha advertido extrañas acciones de parte de la Fiscalía en la investigación, este documento mínimamente también debió ser materia de pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción en algunas de las disposiciones que ha emitido en el marco de la pesquisa.
El abogado del Estado hizo esta aseveración basado en que el cobro del adelanto del dinero fue “irregular”. “Es normal, y regular, cuando está contemplado dentro de las bases y en este caso no fue así, no se establecía un cobro por adelanto”, remarcó.
Asmat dijo que ha comparado la firma que aparece en el comprobante de pago con la que figura en el Reniec, para tener la certeza de que se trata de la del gobernador regional. “Al parecer si es su firma, pero esta duda quedaría aclarada si es que se somete a un peritaje, por ejemplo, pero eso lo tendría que ordenar la Fiscalía”, expresó.
Justamente dentro de los documentos recabados por La Contraloría en su informe también se encuentra el memorándum 21- 2010, del 22 de enero de 2010, que lleva la rúbrica del ingeniero Álvaro Saldarriaga Condoy y que es remitido a la oficina de Administración de Chinecas en el que se indica que se tenía el visto bueno de Asesoría Jurídica para el pago del adelanto solicitado por el consorcio San Bartolo.
Al procurador le llama la atención la rapidez con la que tramitaron el adelanto directo de pago al consorcio, teniendo en cuenta que recién el 31 de diciembre de 2010, se le entregó el terreno para la ejecución de trabajos.
Otro aspecto en el que repara Asmat es que la Fiscalía sí formalizó investigación preparatoria contra el funcionario que hizo la consulta sobre la legalidad del pago adelantado.
“O sea, sí se ha incluido al funcionario que hizo la consulta, más no a quienes se beneficiaron con el cobro de ese pago, que aparentemente sería irregular”, declaró el letrado.
Correo se comunicó con personal de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Áncash (GRA), para preguntar al gobernador si la firma que aparece en el documento es suya y por qué le pagaron un adelanto de 3.5 millones de soles que, al parecer, es irregular, pero nos dijeron que no hablaría sobre el tema que le planteamos. Asimismo, llamamos al número celular que nos proporcionó del gobernador durante la campaña, pero está fuera de servicio.
El procurador se ratificó en que planteará una nulidad a la última disposición fiscal en la que se vuelve a archivar el caso para 15 personas, tal y como lo dio a conocer Correo el último fin de semana.
Fuente Diario Correo
