Firmes. Ex empleados de congresista no entienden por qué el Congreso archivó el caso pese a las pruebas que evidencian que Jaamsa vendió equipos entre 2011 y 2014 a través de empresa cascarón. Testigos guardan audios y documentos que lo sustentan.
“No hay nada del otro mundo. Allá en el Congreso hay más de cien. Todos tienen otra empresa que factura a su empresa que tiene, y todo el mundo sigue trabajando”. Esto es un breve extracto de uno de los 9 audios con la voz del congresista Julio Gagó Pérez que fueron presentados tanto en el Congreso de la República como en el Ministerio Público. Las frases del fujimorista eran la prueba más concreta del manejo que tenía el legislador sobre Copy Depot, la empresa que vendió y sigue vendiendo al Estado.
Pese a las pruebas reunidas, en un breve y apurado debate, el Pleno de la Comisión Permanente archivó el jueves pasado la denuncia contra Gagó por no haber cometido ninguna infracción constitucional, principalmente la del artículo N0 92 que señala: «La función de congresista es incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen contratos con el Estado».
PRUEBAS IGNORADAS
Para los ex trabajadores de Jaamsa, Víctor Choque Orellana y Sara Añangos Ruiz, la resolución de archivamiento de la Comisión Permanente es «vergonzosa» y demostraría un «blindaje» al congresista.
«Lo que está primando es el poder y el dinero y no la verdad. Nosotros los testigos seguimos firmes con lo que hemos declarado en el Congreso. Hemos contado lo que vivimos adentro (de las empresas) y prueba de ello están los audios, testimonios, los correos, las facturaciones, los códigos de vendedor y una serie de documentos que corroboran que Jaamsa bajo la fachada de Copy Depot vendía al Estado», señaló Choque Orellana.
Los ex empleados de Gagó comenzaron a desfilar en el Congreso desde abril 2014, acompañados de documentos que demostraban que tanto Jaamsa como Copy Depot eran dirigidas por el grupo familiar del empresario.
Desde 2005 Copy Depot, conocida desde esa fecha por sus vínculos con el empresario, comenzó a proveer al Estado fotocopiadoras y equipos de oficina. A partir del 2011 y hasta el 2014, cuando Julio Gagó ya era congresista, Copy Depot facturó 6 millones 299 mil 260 soles.
El congresista de Fuerza Popular siempre negó tener vinculación con la firma Copy Depot, pero documentación contenida en Registros Públicos de Lima y testimonios de diversos testigos confirman lo contrario.
La documentación prueba que los fundadores de Copy Depot en 1999 fueron Juan Gavino Hinostroza, tío de Julio Gagó Pérez, y Amancio Armas Vílchez, un empleado de confianza de la familia Gagó en Jaamsa. Gavino Hinostroza y Armas Vílchez eran miembros del directorio de Jaamsa.
Este vínculo era conocido por los trabajadores de Jaamsa, por lo que Sara Añangos no comprende por qué el Parlamento ha pasado por alto estas denuncias.
«Este caso ha concluido impunemente, pese a las evidencias como por ejemplo trabajadores de Jaamsa que trabajan con tarjetas de Copy Depot. Tú llegabas y no te decían que eras empleado de Copy Depot, te decían que eras de Jaamsa. Yo misma tengo el registro del Ministerio de Vivienda cuando se vendió una prensa digital y figuró como Copy Depot, cuando yo siempre he trabajado para Maquinarias Jaamsa y esto sucedió siempre. Los políticos pueden negar que haya algo irregular, pero no los que conocemos el fondo de la situación», mencionó.
El Congreso no fue el único que le dio la razón a Gagó; en su momento la Fiscalía de la Nación también procedió a archivar la denuncia; la resolución del suspendido Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, concluyó en setiembre del año pasado en que no había razón para formular denuncia constitucional, pese a todas las pruebas que se reunieron como el audio en el que el electo congresista fujimorista anuncia una nueva forma de facturar con el Estado.
Pese a inhabilitaciones cuestionada firma siguió vendiendo a regiones
-Desde que se denunciaron las irregularidades en las ventas de la empresa Copy Depot, el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE– suspendió hasta en cinco oportunidades a dicha empresa, siendo la sanción más grave la del 19 de noviembre del 2014 en la que resuelve una sanción administrativa de inhabilitación definitiva. Pese a ello, según el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, en este año Copy Depot vendió al Gobierno Regional del Cusco por un monto de 575 mil soles.
-Los ex trabajadores de las empresas Jaamsa y Copy Depot continúan reclamando el pago de sus derechos laborales. Señalaron que fueron despedidos sin que les reconozcan todos los años laborados.
Fuente La República
