Si el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, no toma acciones con relación a los 17 funcionarios que no cumplen con los requisitos de gestión, se aplicará una auditoría de cumplimiento, cuyo objetivo es determinar responsabilidad penal y civil, remarcó el gerente de la Contraloría General de la República en Lambayeque, Walther Coello Ynope.
Fue en virtud al operativo nacional sobre el perfil profesional de los funcionarios que el Órgano de Control Institucional (OCI) realizó un plan de trabajo que terminó con el Informe de Visita de Control n.º 008-2019, en el que se mencionan cinco situaciones adversas, entre ellas una relación de gerentes y subgerentes que no tienen los requisitos que exige el Manual de Organización y Funciones (MOF) y los decretos de alcaldía.
“Nosotros advertimos las situaciones adversas, si no cumplen está el siguiente paso que es la auditoría de cumplimiento”.
“El (Marcos Gasco) puede estar seguro porque tiene opiniones legales, las que serían analizadas por el OCI y la Contraloría. Una vez que detectamos si hay irregularidades se ejecuta una auditoría”, indicó.
Caso Veolia
Sobre el contrato de la empresa Veolia con la MPCh, el funcionario precisó que comunicaron las situaciones adversas del proceso al titular de la entidad. “Actualmente realizamos un operativo y siempre está el caso de las compactadoras de la empresa Veolia”.
“La Oficina de Control Institucional analiza la posibilidad de realizar una auditoría, es por eso que necesita un filtro, como es la revisión del caso por parte de los abogados y al término de ello pase a la Contraloría que aprobará, de ser necesario, la auditoría de cumplimiento”, explicó.
Asimismo enfatizó que el OCI tiene 12 auditores de la Contraloría, los que han pedido la documentación respecto a este caso por el que ya se emitieron dos informes. Sin embargo —precisó— hay una última intervención referida a que Veolia en el momento del contrato no habría acreditado la autorización del Ministerio del Ambiente (Minam).
“No solo se tomó en cuenta lo que informaron los periódicos, también lo que identificó el OCI para determinar si se continúa con la auditoría”, remarcó.
Cuando se le preguntó si existen elementos que determinen responsabilidad penal y civil para desarrollar dicho examen especial, respondió: “Exactamente. Una auditoría implica desplegar recursos y personal, por lo que tiene que haber una situación identificada como hecho irregular”.
MPCh, la más denunciada
En el primer trimestre del 2019, el ayuntamiento chiclayano es la institución más denunciada en la región Lambayeque por presuntas irregularidades y deficiencias.
Coello indicó que hay un universo mayor a 120 denuncias, ubicándose en primer lugar la MPCh, seguida de las municipalidades distritales de San José, José Leonardo Ortiz.
“Es importante evaluar y recomendar al titular de la entidad que efectúe acciones”, recalcó.
“Es superable”
“Todo lo que pida la Contraloría vamos a hacerlo. Yo pedí un control concurrente. Toda observación va a ser superada, incluso hay pequeñas exageraciones de la Contraloría”, subrayó Marcos Gasco.
Empero al preguntarle si cambiará a los funcionarios observados dijo: “No, ¿por qué? Serán retirados de la municipalidad si es que no superan las observaciones”, aseveró.
La clave
Resultado. A diferencia de lo señalado por la Contraloría a través de sus informes, Gasco aseguró que el ente de control remitió documentos a la comuna que indican que es correcto el proceso por el alquiler de compactadoras.
Diez obras de la reconstruccción observadas
De otro lado, Coello Ynope realizó una inspección en la obra de rehabilitación de pistas en la calle Bolívar, debido a que está paralizada desde setiembre de 2018 y cuya unidad ejecutora fue el municipio chiclayano.
Señaló que hay 45 auditores en Lambayeque para el operativo que tiene como finalidad identificar situaciones de riesgo en las obras de la reconstrucción. Dijo que hay 90 observaciones en 10 obras valuadas en más de 77 millones de soles.
Fuente La República
