La falta de cautela de los funcionarios de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna permitió que desde abril a la fecha, los centros de salud de esa jurisdicción no cuenten con equipos de protección personal completo, lo cual puso en riesgo la atención de pacientes COVID-19, advierte un informe de Contraloría General.
Según la Contraloría, la Subregión no adoptó acciones para atender la necesidad en la adquisición de 15 mil mascarillas N-95, por las cuales canceló 375 mil soles a Inversiones Médicas San Martín S.A.C.
El plazo de entrega era el 26 de abril, pero la contratista incumplió. Recién el 14 de mayo, el proveedor pidió ampliar el plazo de entrega hasta el 23 de mayo, que tampoco cumplió.
Mediante Resolución Gerencial, le retiraron la buena pro el 24 de junio.
Pese a la anulación del proceso, la Contraloría observó que desde el 26 de abril no se convocó a un nuevo proceso, según lo indica la Ley de Contrataciones del Estado, porque pasaron cuatro meses sin atender los requerimientos y la necesidad persistía.
Prueba de ello es un memorando del 18 agosto, donde el área de Intervenciones Sanitarias de la Subregión pidió se tomen las acciones inmediatas para atender los requerimientos.
Datos
También observan que pidieron modificar el presupuesto para utilizar los 375 mil de las mascarillas para pagar al personal CAS, de agosto y setiembre; lo que se aprobó el 2 de setiembre, mediante memorando de la oficina de Planeamiento. Sin embargo, no se justificó la normativa.
Fuente Diario Correo
