Escándalo. Los hallazgos que hizo la Contraloría tras acciones de control en la obra de “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional Hipólito Unanue” dan cuenta de una serie de irregularidades cometidas tanto por funcionarios del Gobierno Regional de Tacna (GRT) como por la contratista responsable.
El Informe de Auditoría de Cumplimento N°10441-2020-CG/GRTA-AC determinó que funcionarios del GRT beneficiaron con el pago de más de S/ 17 441 317 a la contratista Consorcio Salud Tacna. El equipamiento médico debió ser adquirido entre enero del 2019 y febrero del 2020, pero eso nunca sucedió.
De acuerdo con el informe, a través de 7 valorizaciones de obra, desembolsaron los recursos que debían servir para la contra de 3.127 equipos médicos. Por cada uno de dichos bienes, el GRT entregó entre el 40% y 85% del precio. Estos debían ser adquiridos y resguardados por la contratista.
Del total de equipos pagados 2.515 que no fueron adquiridos. Otro detalle que llama poderosamente la atención es que 612 sí habrían sido comprados; no obstante, la comisión auditora halló en el almacén solo 240 considerados mobiliario clínico. Se trata de mesas metálicas, camillas y sillas y 15 ventiladores que se encuentran en el hospital Hipólito Unanue.
Los auditores señalan que existe evidencia documental de otros 357 equipos que fueron enviados a la ciudad de Tacna, pero no se encuentran en el depósito.
Equipos por los que pagó el GRT
Entre los equipos pagados por el GRT y que no fueron adquiridos ni entregados, figuran ventiladores mecánicos, monitores de funciones vitales de 5 a 8 parámetros, resonador magnético, tomógrafo axial computarizado, torres de video cirugía, camillas multipropósito y tipo UCI, esterilizadores, ecógrafo doppler color 3D y 4D, pulsioxímetro neonatal, resucitador manual neonatal, equipo de rayos x rodable digital, monitor fetal gemelar, mamógrafo digital, congeladores, cámaras de conservación, conservadores de bolsas de sangre, entre otros.
La Contraloría concluyó que los funcionarios y servidores públicos que participaron en la conformidad y el pago habrían vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, las bases integradas de la licitación pública de la obra, y las cláusulas 5 y 9 del contrato de obra.
En este sentido, hallaron una presunta responsabilidad penal y administrativa en cinco exfuncionarios que entre julio del 2018 y enero del 2020 se desempeñaron como coordinadores de obra, el gerente general regional, el gerente de Infraestructura y el director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión.
Mientras que solo a nivel administrativo tendrían que responder los exdirectores de las Oficinas Ejecutivas de Logística y Servicios Auxiliares, Tesorería y Contabilidad.
Fuente La República
