Una invocación al Tribunal Constitucional (TC) para que emita cuanto antes la aclaración sobre el fallo que deja sin efecto su catálogo de sanciones administrativas, sentencia que perjudica la lucha contra la corrupción, formuló la Contraloría General de la República.
El presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) del ente de control, Enrique Aguilar, hizo la exhortación al ratificar que el fallo del TC generará impunidad en casos emblemáticos de corrupción y en aquellos en los cuales se detectó inconductas de más de 15,000 funcionarios y servidores públicos.
Decisión
Publicado el 26 de abril del 2019, el citado fallo del Tribunal Constitucional reconoció constitucionalmente la capacidad sancionadora, pero dejó sin efecto el catálogo de sanciones administrativas del organismo superior de control.
La Contraloría recordó que solicitó una aclaración para que se especifiquen los alcances del fallo, la cual debió emitirse en dos días, de acuerdo con el Código Procesal Constitucional. No obstante, ese paso sigue pendiente.
Aguilar exhortó también al Congreso a priorizar en el pleno el debate y aprobación del proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa.
De acuerdo con el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, ese proyecto permitirá restituir la potestad sancionadora de la Contraloría.
A juicio de Aguilar, el TC no midió las consecuencias de su sentencia respecto a este tema. Este mes, dijo, están por caducar los casos de 65 exfuncionarios que involucran 9 millones de soles, sumado a los 110 casos de otros exfuncionarios que ya caducaron en mayo y junio último.
Solicitudes de anulación
Enrique Aguilar advirtió que otra consecuencia del fallo del TC es que no solo atan de manos a la Contraloría para luchar contra la corrupción, sino que, a la fecha, 300 exfuncionarios sancionados antes de la publicación de la referida sentencia, están solicitando al TSRA la anulación de la medida impuesta, con el propósito de ser repuestos en sus cargos. A la vez, estos casos podrían llegar a judicializarse y constituir un gasto más para el Estado, alertó el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. La Contraloría precisó que, entre los principales casos que podrían quedar impunes o sin sanción administrativa, figuran la construcción de la Vía Costa Verde, las irregularidades en la prestación del servicio de limpieza municipal del Callao, y el Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
Fuente El Peruano
