En una oportunidad, durante la evaluación de los resultados de un proceso de selección que había sido declarado nulo, el gerente legal de una reconocida empresa respondió a su asesor externo con una frase cortante: “Tú no eres abogado”.
Lo paradójico es que, en ese caso, el asesor tenía la razón: había anticipado que el proceso sería declarado nulo y, finalmente, el Tribunal de Contrataciones Públicas resolvió en el mismo sentido en que él lo había señalado antes de que la empresa decidiera apelar. Sin embargo, aquella decisión de apelar nunca le fue comunicada al asesor, y la empresa optó por contratar a un estudio externo de abogados, generando mayores costos en la gestión sin obtener un mejor resultado.
La escena, aunque anecdótica, refleja una situación recurrente en el ámbito de las contrataciones públicas: la tensión entre la formación académica formal y la experiencia práctica acumulada.
Es cierto: un administrador, ingeniero o economista no es abogado. Sin embargo, en la práctica existen profesionales que han dedicado décadas de su carrera exclusivamente a las contrataciones del Estado, alcanzando un nivel de especialización que, en muchos casos, supera el conocimiento generalista de quienes sí ostentan un título en derecho. Se trata de asesores que han intervenido en innumerables procesos de contratación pública, elaborado cientos de recursos de apelación y capacitado a miles de funcionarios y proveedores. Algunos de ellos, incluso, son consultados por abogados y medios de comunicación especializados cuando se trata de interpretar normas, anticipar criterios del Tribunal o analizar tendencias en el mercado público.
Sin desmerecer en absoluto el trabajo de los abogados, corresponde reconocer que muchos de ellos son verdaderos expertos en contrataciones públicas y realizan aportes valiosos al sistema. Este artículo no busca cuestionar su rol, sino poner en relieve que, junto a ellos, existen también profesionales de otras disciplinas que, gracias a décadas de experiencia exclusiva en este campo, han alcanzado un nivel de especialización que merece el mismo respeto y consideración.
La reflexión es clara: en contrataciones públicas, los títulos y las jerarquías formales pierden peso frente a la experiencia comprobada y los resultados alcanzados. Un escrito mal planteado, una omisión en la presentación de documentos o un cálculo tardío de plazos puede significar sanciones, pérdida de la buena pro o millonarios costos para la empresa. La diferencia no la hace el diploma, sino la capacidad real para aplicar la norma, anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas.
Por eso, más allá de los formalismos, lo que verdaderamente deberían valorar las empresas es el conocimiento especializado, la atención personalizada, la experiencia acumulada y la disciplina en la ejecución de la estrategia. Porque en este sector, la improvisación se paga caro.
En nuestra experiencia, hemos visto cómo incluso grandes estudios de abogados no siempre logran asesorar adecuadamente a sus clientes en materia de contrataciones públicas. No son pocos los casos en los que, además de perder procesos, las empresas han terminado enfrentando sanciones y costos innecesarios. Tal vez ello se deba a la gran cantidad de casos que manejan, lo que les impide involucrarse de manera personal y detallada en cada uno. Como dice el refrán: “quien mucho abarca, poco aprieta”. En contraste, un servicio especializado y personalizado permite atender cada caso con el rigor, la cercanía y el compromiso que exige competir con éxito en el mercado estatal.
En Licitafacil.pe sabemos que competir con éxito en el mercado estatal exige más que títulos: exige experiencia, estrategia y disciplina. Por eso, durante más de 26 años hemos acompañado a empresas en procesos de selección y ejecución contractual, combinando asesoría integral con capacitación especializada para sus equipos internos. Nuestro servicio se caracteriza por una atención personalizada y una dedicación exclusiva, ya que atendemos a un solo cliente por actividad económica o ámbito geográfico, evitando así cualquier posible conflicto de intereses. Esta cercanía y especialización nos permite involucrarnos a fondo en cada caso y garantizar soluciones hechas a la medida de cada empresa.
La experiencia demuestra que, al final del día, lo que cuenta no es el cargo ni el título, sino la capacidad de transformar el conocimiento en resultados concretos y sostenibles.
