La Asociación Civil Transparencia consideró hoy como un importante avance el paquete de normas anticorrupción emitidos por el Gobierno en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República.
Tras una primera revisión de dichos decretos, Transparencia destacó el tema en materia de transparencia e integridad.
Subraya que «valora de forma especial las normas emitidas para impedir el ingreso o permanencia en la función pública de personas condenadas por corrupción, aunque -apuntó- deberían extenderse a los delitos de narcotráfico y lavado de activos».
Asimismo, agrega en una nota, «son importantes las normas en materia de contrataciones del Estado, tales como la introducción de cláusulas anticorrupción en los contratos así como el impedimento para contratar a personas y empresas condenadas por corrupción o que hayan reconocido su delito».
Otro avance que destaca la Asociación Civil Transparencia «es la obligación de transparentar las decisiones jurisdiccionales, lo que contribuirá a evitar la impunidad».
También considera de la mayor importancia se haya establecido un régimen de responsabilidad penal autónoma para las personas jurídicas, a fin de promover la integridad en el sector privado.
Sin embargo sostuvo que se requiere completar y mejorar algunos puntos, pues -anotó- existirían ciertos «vacíos y deficiencias» que resulta necesario subsanar para «un impacto real en la lucha contra la corrupción, siguiendo las propuestas de la Comisión Presidencial de Integridad (CPI)».
Transparencia cuestiona que se haya conferido a la Superintendencia de Mercados y Valores la facultad exclusiva y final de decidir sobre la pertinencia de los programas de prevención adoptados por las empresas para eximirlas de responsabilidad.
Considera fundamental que la creada Autoridad de Transparencia cuente con plena autonomía y fuerza, a fin de poder sancionar la omisión en la entrega de información por parte de las entidades en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado.
En ese sentido, sostiene que una autoridad autónoma con las necesarias facultades para hacer efectiva la transparencia en todos los niveles e instituciones del Estado «constituye la piedra angular de un sistema nacional de lucha contra la corrupción, tanto más necesario en circunstancias como las actuales en que apreciamos la gravedad de actos condenables cometidos por Odebrecht y otras empresas».
Queda pendiente, añadió, una efectiva regulación de la gestión de intereses para evitar el tráfico de influencias. Saludó, empero, la recomendación de la CPI que antes del 31 de enero del 2017 los altos funcionarios del Estado presenten una Declaración Jurada de Intereses, lo que es fundamental para inspirar confianza en el aparato público y prevenir conflictos de intereses.
Fuente Andina
