No tiene lugar seguir discutiendo sobre si el Congreso debe o no investigar la corrupción de las empresas brasileñas en el Perú. La comisión ya está funcionando. Lo que sí vale la pena es que sus integrantes precisen algunos presupuestos del trabajo.
- ¿Por dónde comenzará? El empujón final del escándalo Odebrecht vino de EE.UU.: la empresa pagó sobornos a altos funcionarios peruanos –29 millones de dólares– por los proyectos de la Interoceánica Sur y Línea 1 del Metro de Lima y durante los gobiernos de Toledo, García y Humala.
- ¿Comenzará, entonces, la investigación por estos tres periodos y por los dos proyectos referidos? ¿O se meterá, sin priorizar, en todos los proyectos y gobiernos en los que potencialmente hubo corrupción? ¿Investigará inicialmente a todas las empresas brasileñas? ¿O le pondrá primero la puntería a Odebrecht, sobre la que hay más información y la que –importante dato– obtuvo el mayor porcentaje de proyectos e inversión estatal?
- ¿Coordinará con la Fiscalía y la Procuraduría respetando su autonomía, que en el caso de la primera está, además, garantizada por la Constitución? No hay que olvidar una distinción fundamental: los parlamentarios no son jueces ni fiscales, son representantes políticos. Además, como es natural, no son políticamente neutros.
- ¿Les preguntarán a todos los convocados de la misma ofensiva manera que a la jefa del OSCE? (“¿Usted recibió coimas de Odebrecht o de alguna empresa brasileña?”). ¿Cuál es el objetivo?, ¿atarantar, salir en las noticias, sugerir que todos son corruptos?
- ¿Utilizará el importante y silenciado informe del ex congresista Juan Pari, un esfuerzo que no debe ser de ninguneado? ¿Se le llamará pronto a declarar?
Por último, ¿el Congreso colaborará con la investigación fiscal y judicial, que es la “dura”, la de fondo? ¿O pretenderá condicionarla desde la comisión, utilizando su influencia política y el impacto mediático que suelen obtener los parlamentarios?
Fuente Perú21