Tumbes. La Contraloría General detectó que un grupo de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villlar aprobó la adquisición de combustible a un proveedor que se encuentra impedido de contratar con el Estado. Asimismo, no se acreditó el consumo total de los bienes pagados, lo cual afectó la legalidad de las actividades y se produjo un perjuicio económico por S/120.000
Según el informe de Control Específico N° 030-2022-2-0474-SCE, a partir de enero de 2020 hasta marzo del 2022, se realizó la compra de combustible a una empresa, cuya hermana y cuñado de un funcionario de confianza de la municipalidad, son representante legal y administrador, respectivamente.
Dicha situación está impedida por la Ley de Contrataciones del Estado, que indica que los funcionarios con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad están impedidos de ser postores, participantes y/o contratistas, inclusive por montos iguales o inferiores a 8 UIT.
Asimismo, se identificó que el valor referencial para la contratación de dicha empresa se determinó sin efectuar el estudio de mercado que establecía las normas internas de la entidad. Además, no se convocó los procedimientos de selección que correspondían. De acuerdo al portal web de Osinergmin, existía otro proveedor en la zona, con precios de venta menores al contratado.
Fuente Diario Correo
