Un presunto caso de corrupción fue alertado por la Contraloría en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes (MDAV), el mismo que habría ocasionado un perjuicio económico de S/ 470,114 a la entidad edil, por medio de pagos de 17 “servicios fantasmas”; es decir, por actividades que nunca se realizaron pero fueron cobradas por proveedores.
Responsabilidad
De acuerdo al reciente informe de control posterior, N° 20271-2021-CG/GRTB-SCE, al que Correo logró acceder en exclusiva, los pagos se efectuaron durante el año 2018 y hay nueve exfuncionarios con presunta responsabilidad penal.
Los involucrados en este caso son Wilder Neyra Huamán, César Augusto Rimaycuna Ramírez, Gissela Emperatriz López Alva, Jesús Mercedes Bereche Córdova, Irvin Yees Zárate Rodríguez y Edinson Alexánder Elizande Seminario.
Del mismo modo figuran Alexánder Vicente Jiménez Olaya, Diego Martín Carrión Nevado y Carlos Giampier Marchán Zárate.
Proveedores
Según el informe, la proveedora Karen Jackelin Yarlequé Liu se benefició con seis servicios, por los que cobró un total de S/ 178,940. Seis servicios más, valorizados en un total de S/ 153,524 fueron pagados al proveedor José Luis Valdiviezo Barreto.
Del mismo modo, exfuncionarios de la MDAV pagaron S/ 54,000 al proveedor Aldo Amancio Córdova Alvarado por dos actividades y S/ 83,650 a César Eduardo Ruiz Hidalgo, por tres.
Servicios
“Durante el año 2018 se efectuaron pagos a proveedores por elaboración de estudios de preinversión, formulación de alternativa técnica, recopilación de información y estudios complementarios, que no acreditan la prestación de los servicios; lo que ha ocasionado perjuicio económico de S/470 114,00″, precisa el documento de Contraloría.
El informe hace hincapié en que no se cuenta con la documentación e información que acredite la prestación de dichos servicios. Además, 12 de los proyectos de inversión ni siquiera se encontraban registrados en el Programa Multianual de Inversiones 2018 – 2020, por lo que no existía sustento para formular el requerimiento de las actividades.
A esto se le suma que los documentos técnicos contratados no están registrados en el banco de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no obran en la Unidad Formuladora de la municipalidad.
Cabe mencionar que este caso ha sido reportado a la Procuraduría Anticorrupción para el inicio de las acciones legales.
Fuente Diario Correo
