La Contraloría General de la República detectó un presunto perjuicio económico de 523.000 soles por irregularidades en un estudio de mecánica de suelos (EMS) en la obra de mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Acapulco, provincia de Contralmirante Villar, ubicada en la región de Tumbes.
Según la entidad, lo evidenciado habría ocasionado la contratación de un nuevo estudio complementario, el retraso del avance del proyecto y la ampliación de plazo por 52 días.
De acuerdo con el informe de control específico N.º 005-2022-2-4380-SCE, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) requirió la contratación del servicio de consultoría, en la especialidad de mecánica de suelos, con términos de referencia que no habrían considerado el valor de profundidad correspondiente a una edificación de acuerdo al área y terreno donde se ejecutaría la obra, por lo que se habría realizado el servicio sin cumplirse con los requisitos técnicos mínimos exigidos.
El Órgano de Control Institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero apuntó que la empresa contratada no contaría con experiencia en trabajos similares en la zona costera. Además, advirtió que quien ejecutó la consultoría en su totalidad fue una empresa distinta a la contratada y que no existiría documento que avale la relación contractual con la entidad ni la subcontratación del 100% de la prestación. En esa misma línea, tampoco se habría encontrado el informe del entregable del servicio de consultoría por parte de la empresa contratada, pese a que se pagó en su totalidad.
Además, este EMS fue incluido en los estudios básicos del expediente técnico aprobado de la obra, hecho que ocasionó que, durante el periodo de ejecución de la obra en los años 2018 – 2019, se realice un estudio complementario, luego que el contratista advierta consultas y observaciones referentes al terreno, edificación y estructura; lo que habría generado, a su vez, dos ampliaciones de plazo por 52 días calendarios adicionales a lo establecido.
En esa línea, la entidad detalló que la aprobación de la ampliación de plazo tuvo un costo de 367.000 soles, el reconocimiento económico a la supervisión implicó una transferencia de 142.000 soles, y el estudio complementario se pagó 12.000 soles. Esto hace que el perjuicio económico ascienda a más de medio millón de soles.
El dato
Tras las irregularidades encontradas, se identificó una presunta responsabilidad en tres funcionarios y servidores del Fondepes.
Fuente La República
