Caja de pandora. Todo indica que en la sede Atalaya de la Corte Superior de Justicia puede pasar cualquier irregularidad y quedar impune.
Irma Pizarro Murga aparece avalando cuatro demandas de amparo del grupo Orellana contra jueces de Lima y la revista Caretas. «No es mi firma», denunció.
César Romero C.
«Jamás he sido abogada de Ambrose Global del Perú y tampoco conozco al señor Rodolfo Orellana Rengifo, nunca los he patrocinado o defendido, han falsificado mi firma en las demandas», declaró la abogada pucallpina Irma Carla Elizabeth Pizarro Murga.
Ella se comunicó con La República luego de tomar conocimiento, por un artículo publicado en este diario, de que su nombre fue utilizado para presentar diversas demandas de amparo en los juzgados de Yarinacocha y Campo Verde contra jueces de Lima.
También ha recurrido a la Oficina de Control de la Magistratura y la fiscalía para denunciar la suplantación de su firma, sellos y otras acreditaciones como abogado.
«He solicitado al Poder Judicial copias de las demandas y supuestos documentos que yo firmé para sustentar mis denuncias», añadió.
La República publicó el nombre de esta abogada al aparecer en la resolución que impuso la medida de suspensión preventiva al juez mixto de Yarinacocha Ricardo Castro Belapatiño por un irregular trámite de amparos.
Falsos amparos
En la resolución de OCMA se informó que la empresa Ambrose Global del Perú había presentado su demanda inicialmente al juzgado de Campo Verde, representada por el abogado Tomás Torrejón Guevara, pero que al no ser admitida, la habían vuelto a presentar al juzgado de Yarinacocha, con la firma de Pizarro Murga.
Ambrose Global del Perú reclama, con la firma de Pizarro, la posesión de dos fundos de 26 metros cuadrados en un terreno ubicado en el kilómetro 17.5 de la Panamericana Sur, que pertenece en realidad a la familia Canales Cayo, como han reconocido jueces de Lima.
Pero en este mismo juzgado se habían recibido y admitido a trámite otras dos demandas supuestamente firmadas por la abogada Pizarro Murga.
Se trata del expediente 3690-2013, seguido por Cristhian Alfredo Silva Navarro contra José Luis Escobar Jaén, en un litigio por la posesión de un área de 5,361 metros cuadrados del fundo El Asesor, que corresponde en realidad a la cochera del hospital Hermilio Valdizán.
Igualmente, en el expediente 430-2013 seguido por Olivia Espantoso Huby contra la Superintendencia de Bienes Nacionales, por unos terrenos en la Villa Señor de los Milagros en Lima.
Pero la historia no termina con lo revelado por la OCMA. La supuesta falsificación de su firma en los escritos de demanda y medidas cautelares también alcanzó a otros juzgados de Ucayali.
Revista Caretas
El nombre de Irma Pizarro también fue utilizado para avalar una demanda de amparo y medida cautelar que el abogado Rodolfo Orellana presentó contra el director de la revista Caretas, Enrique Zileri, ante el Primer Juzgado Civil de Coronel Portillo, que atiende el juez Jorge Reátegui Pisco.
Orellana pretende que Caretas no siga informando sobre la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos. Precisamente, Reátegui Pisco, actuando antes como juez mixto de Atalaya, ordenó a la fiscalía contra el crimen organizado abstenerse de investigar a Orellana por dicho delito.
«Yo siempre he trabajado como abogada defensora de derechos humanos, en especial de los pueblos indígenas, jamás he estado vinculada a hechos de corrupción o coludida en actos que atentan contra la buena administración de justicia», subrayó Pizarro.
Anotó que en los documentos que le mostró la OCMA, de las demandas de amparo, solo aparecen sus dos nombres, cuando ella suele utilizar los tres, en todos sus documentos y sellos oficiales.
También señala que ella acudía al juzgado de Yarinacocha por otros dos procesos que ve en ese juzgado desde el 2011 y que nadie le habló sobre los casos relacionados con Lima.
Los cuatro casos en los que se habría falsificado la firma de esta abogada están relacionados con el grupo Orellana. Además, de todos ellos, por su cargo, tenía conocimiento el presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari.
Francisco Boza reconoció a La República que había recibido en su despacho a Orellana, aunque no recordaba el tema que trataron. Ahora, la OCMA le preguntará sobre este asunto.
OCMA ampliaría investigación a Boza Olivari, presidente de la Corte
La OCMA se encuentra investigando a los jueces de Yarinacocha, Ricardo Castro Belapatiño, de Atalaya, Jorge Reátegui Pisco (hoy en el juzgado civil de Coronel Portillo), Luis Palomino Morales, y al juez de Campo Verde Wenceslao Portugal Cerruche, por la fábrica de amparos y hábeas corpus en que se había convertido dicho distrito judicial.
La situación obligó a la jefa de OCMA, Ana María Aranda, a ordenar una visita de control a dicha corte superior de Justicia, la que concluyó el viernes último. Con la información recogida por los investigadores, la doctora Aranda dispondría ampliar las pesquisas al presidente de la Corte, Francisco Boza, por los nombramientos de jueces supernumerarios.
Fuente La República
