La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a la comisión Lava Jato del Congreso que detectó 251 cuentas bancarias de personas naturales y empresas privadas relacionadas con presuntos sobornos de empresas constructoras brasileñas.
La UIF determinó que en total 12 funcionarios peruanos tuvieron presuntos movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. También, que 20 empresas nacionales registraron ingresos que resultaron sospechosos en esta investigación.
De las empresas extranjeras, seis se encuentran en la lista al igual que dos ciudadanos de la misma condición.
El informe de la UIF señala que la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos desde enero del año 2007 hasta noviembre del 2016 provienen de Lima Metropolitana. Un menor porcentaje incluye a las provincias de La libertad, Tacna, Callao, Áncash, Lambayeque, Arequipa, Puno, Piura e Ica.
La UIF describió el patrón de coimas que se utilizaba para direccionar el dinero a diversas offshore en Panamá, Barbados y la isla caribeña de Antigua.
Para exponer esta modalidad, la UIF analizó el movimiento financiero de la empresa peruana Constructora Área, que entre abril y diciembre del 2007 recibió un total de USD 11.7 millones de dos empresas offshore y del consorcio IIRSA Norte, integrado por Odebrecht, Graña y Montero y Andrade Gutierrez.
Según lo reportado en la comisión Lava Jato, el Consorcio Constructor Internacional (Odebrecht, Graña y Montero y Andrade Gutierrez) depositó USD 11.3 millones a la cuenta de la empresa peruana Constructora Área.
En esta empresa figura como apoderado el empresario peruano Gonzalo Monteverde.
Los otros dos pagos que recibió Área, de dos empresas offshore, se detallan así:
-Uno de ellos llegó desde una offshore panameña por USD 266 mil.
-El segundo depósito, de USD 115 mil, fue hecho desde una empresa offshore en la isla de Antigua y Barbuda.
Una vez que los tres depósitos se cumplieron en la cuenta de la Constructora Área, se hicieron tres retiros para pagos en efectivo.
Según lo que reportó la UIF a la comisión Lava Jato, este último miércoles, quienes habrían recibido el dinero fueron Marcionila Cardoso Pardo, María Isabel Carmona y Jorge Salinas.
Estas tres personas se repiten en varias transacciones y son los constituyentes de empresas ligadas a los depósitos de Odebrecht.
En la información entregada al Congreso se detalla que Marcionila Cardoso Pardo recibió, aparentemente, USD 500 mil en efectivo. Ella fue socia fundadora de Área SAC junto a la empresa Allamanda Ventures, que fue constituida también por Gonzalo Monteverde.
María Isabel Carmona Bernasconi, según lo reportado, recibió 768 mil dólares. Ella es socia de Monteverde en la compañía Isagón.
Además, Jorge Salinas recibió 769 mil dólares. Este personaje hizo varias transferencias bancarias a las cuentas de las empresas Dominatrix y Casa de Cambios La Moneda. Estas empresas, a su vez, hicieron transferencias a la empresa offshore Balmer en el paraíso fiscal de Barbados. Los montos transferidos ascienden a un millón de dólares.
Los cuatro protagonistas del aparente patrón de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht son investigados por la 17ª Fiscalía Penal de Lavado de Activos.
ENREVESADOS
Tres de los informes elaborados por la UIF, que fueron entregados entre el 2009 y el 2015, señalan que el monto involucrado en aparente acción de coimas es de USD 11.7 millones.
Este dinero, según los reportes, fue recibido por cuatro personas naturales de nacionalidad peruana, seis empresas nacionales y seis compañías extranjeras.
En el 2016, otro informe de la UIF reveló que el monto involucrado asciende a USD 27.9 millones. Aquí se señala a ocho peruanos, dos extranjeros, 14 empresas nacionales y cinco extranjeras.
Los informes elaborados por la UIF fueron entregados al Ministerio Público desde julio del 2009 hasta abril del 2016.
Las fiscalías que recibieron esta información fueron la Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada, la Fiscalía Provincial de la 48ª Fiscalía Penal de Lima, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
Por estos hechos, a pedido del Ministerio Público, aproximadamente un millón de dólares fueron inmovilizados en cuentas bancarias.
El 9 de enero del 2017, S/ 578,205 y USD 350,304 pertenecientes a cinco personas y cuatro empresas fueron congelados.
Solo ocho días después, S/ 23,694 y USD 468,416 también fueron suspendidos en la cuenta de una persona y una empresa. Este monto aún espera la orden judicial para certificar el origen del dinero. De esta orden dependerá si este monto es decomisado.
Cabe recordar que esta semana el Ministerio Público decidió congelar las cuentas de la empresa brasileña Camargo y Correa en nuestro país.
Esta decisión alcanza también a Monteverde y su círculo de socios vinculados con la empresa Odebrecht.
Entre los titulares de las cuentas congeladas están: Carlos Ángeles Figueroa, Jorge Salinas, Marcionila Cardoso, María Isabel Carmona, Óscar Borda y otras empresas como Cementeros Centrales SAC e Isagón SAC; empresas constituidas por Monteverde y vinculadas a la empresa Odebrecht.
Esta semana La República informó que el grupo empresarial de Gonzalo Monteverde se encuentra bajo la imputación, por lavado de activos, en la investigación Nº 19-2016.
Según la UIF, este grupo de empresas movió 29 millones de dólares en varios contratos vinculados a Odebrecht.
Contratos sospechosos
El día jueves se conoció que tras evidenciarse varias irregularidades en el Proyecto Alto Piura, consideradas en el informe elaborado por la pasada comisión Lava Jato, presidida por el ex congresista Juan Pari, el Ministerio Público ha recibido una solicitud para que este proyecto sea incluido en una investigación preliminar para determinar si las irregularidades en esta obra se deben también a los beneficios a empresas brasileñas, en este caso a Camargo y Correa, que tiene este proyecto a cargo.
Según la UIF, Piura figura en la lista de provincias en las que se han detectado operaciones y transacciones de dinero sospechosas.
En solo 12 meses, de diciembre del 2015 a diciembre del 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado USD 272 millones en delitos contra la administración pública en casos de corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito.
Entre enero del 2007 y el 2016, el reporte de la UIF señala que USD 1,611 millones se detectaron en cuentas bancarias con movimientos, transferencias y depósitos no justificados: USD 1,235 millones se detectaron en cuentas de empresas fachada y USD 318 millones en fondos ilícitos o no justificados canalizados a través del Sistema de las Empresas de Transferencias de Fondo. Las transferencias remitidas o recibidas del exterior producto de importaciones o exportaciones fantasma ascendieron a USD 45 millones.
Investigación a Odebrecht en Brasil
El Ministerio Público Federal de Paraná (Brasil) ha logrado firmar un acuerdo con la empresa Odebrecht con el fin de que esta revele las cuentas a las que hizo transferencias de dinero desde el año 2000.
Odebrecht deberá entregar la lista de pagos con el número de cuenta de destino y fecha. Además del nombre de quién recibió el pago.
Este acuerdo también señala que la empresa brasileña deberá hacer una lista de todos los sobornos que hizo a funcionarios públicos y que ocupen algún cargo.
Asimismo, las cuentas que fueron utilizadas con fines ilícitos para pagar coimas en países extranjeros.
Esta información será entregada en febrero de este año al Ministerio Público de la Federación en Brasil. Eso significa que los nombres de los funcionarios peruanos que recibieron sobornos están por salir a la luz en el más breve plazo.
En cifras
601, 899 soles fueron congelados a 6 personas y 5 empresas.
818,721 dólares se congelaron a 16 personas y 5 empresas.
11 informes sobre presunto lavado de activos entregó el Ministerio Público a la UIF.
11.7 millones de dólares es lo que investiga la UIF a 4 personas y 12 empresas.
27.9 millones investiga la UIF a 10 personas y 19 empresas por presunto lavado.
Fuente La República
