El gobierno del presidente Martín Vizcarra afronta un gran desafío, si no el más importante: erradicar la corrupción enquistada en todos los niveles del Estado. Con la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control se ha dado un primer gran paso, y ahora urge llevarla a la acción, con la ayuda de la ciudadanía.
Que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, haya promulgado la norma, por insistencia, en Palacio de Gobierno, sin duda es una buena señal de que sí es posible ponerse de acuerdo y trabajar todos juntos por el bien común. El titular de ese poder del Estado ha ofrecido canales abiertos con el Poder Ejecutivo y con la Contraloría.
En su primer mensaje a la Nación, el Jefe del Estado fue enfático al señalar que pondrá su mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción y que será firme en el combate de todas las acciones que estén reñidas con la ley, “vengan de donde vengan, y cueste lo que cueste”. Reafirmó que la transparencia será un pilar fundamental de su mandato, que concluirá en el 2021, cuando el Perú llegue al Bicentenario de su Independencia.
Para ello ha solicitado el apoyo de todos los sectores del país porque eliminar la corrupción no solo es obligación de las autoridades, sino también de cada ciudadano, pues la transparencia debe estar en cada pequeña acción que ejecutemos.
Asimismo, ha puesto de relieve que desterrar ese flagelo social redundará en la ejecución de obras, de manera rápida y con transparencia, para así atender las urgentes necesidades de la población.
El contralor Nelson Shack ha puntualizado que la promulgación de la ley constituye un acontecimiento histórico y un hito en la lucha contra la corrupción, que estuvo marcada por múltiples precariedades y limitaciones. “Ahora contamos con una herramienta que contribuirá a una acción más efectiva y célere”.
Esta norma permitirá modernizar y fortalecer las capacidades de la Contraloría para supervisar el uso de los bienes y recursos públicos, así como combatir frontalmente la inconducta funcional y la corrupción.
Asimismo, que el control sea preventivo, con el propósito de alertar sobre casos de inconducta funcional y de corrupción de servidores públicos, pero sin que la entidad deje de efectuar un control posterior.
Esta ley facilitará, además, que la Contraloría General sea más activa en la supervisión de servicios públicos en los sectores Salud y Educación, y que se fortalezcan las capacidades de las contralorías regionales. En esa línea, se incorporarán, de manera progresiva, los órganos de control institucional (OCI) a las municipalidades y gobiernos regionales.
La nueva norma también otorga potestad sancionadora administrativa para que la Contraloría General castigue a los funcionarios y servidores públicos electos por voto popular; y generará las buenas prácticas en el Estado peruano, pues habrá mayor transparencia y acceso a los informes de control que, por primera vez, serán publicados íntegramente.
Trazado el camino y con el compromiso de trabajar en conjunto, la población puede esperar que al término del quinquenio se haya cumplido el desafío de erradicar la corrupción y haber puesto al Perú primero.
Fuente El Peruano
