Tenemos que buscar no solo una buena reparación civil en plazo razonable sino que los funcionarios públicos y ejecutivos de empresas que participaron en delitos terminen en la cárcel, advierte el Contralor General de la República.
–El país está en una situación muy difícil por los megacasos de corrupción que se investigan. Pero en el caso Lava Jato le pido a usted, como Contralor, una reflexión. Usted qué preferiría, ¿una buena reparación civil para el Estado o cárcel para los responsables de todo esto?
Yo creo que hay que hacer las dos cosas.
–¿Dónde pondría el énfasis?
No creo que sea necesario ponen un énfasis. Hay que hacer las dos cosas bien. ¿Por qué razón? Lo primero que debemos precisar en el caso de esas empresas, con la nueva ley que ha salido [en reemplazo del DU 003], es tener en claro que las instituciones o las organizaciones en sí mismas no son corruptas. Los corruptos son las personas. Si esto es así, tanto los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en las investigaciones, de comprobarse efectivamente su responsabilidad en estos casos de corrupción, así como los funcionarios de las empresas o los directivos, deberían estar presos, deberían estar en la cárcel. Pero eso no significa que, además de eso, no vamos a cobrar las reparaciones civiles. Tenemos que cobrarlas. Pero al hacer eso no podemos matar las empresas, porque la primera consecuencia sería el rompimiento de la cadena de pagos. Entonces, lo que tenemos que lograr es un balance en el cual los funcionarios, tanto del sector público como los directivos de las empresas, tienen que estar presos si los procesos de investigación confirman que, en efecto, han participado en esos actos delictivos. Tienen que ir presos, sin ninguna duda. Y la sanción debe ser firme y ejemplar. Pero por otro lado hay que fortalecer las capacidades de las entidades públicas, entre ellas de la propia Contraloría, de la OSCE y la capacidad de los ejecutores. ¿Para qué? Esas empresas tienen que ser capaces de contratar con el Estado, precisamente para que con los fideicomisos creados con la nueva ley puedan pagarnos la reparación civil en un número de años razonable. Yo espero que con eso, y si me pide una reflexión, la sociedad peruana tenga que aprender. Esta es una gran crisis por la que estamos atravesando en los últimos años, producto de todo el destape que ha habido de este tema de corrupción, que no es de ahora, es de lustros anteriores. Esto ha generado que la ciudadanía tenga una enorme desconfianza en las autoridades y sus instituciones. Pero esta crisis también genera una gran oportunidad de si somos capaces como sociedad de aprender y tomar las acciones, fortaleciendo las instituciones, estableciendo mejores reglas de juego, un servicio civil meritocrático, separando cada vez más la política de la administración pública. Entonces, yo creo que si logramos hacer todo eso, y el control que en este caso nos corresponde, siendo un engranaje con el sistema de justicia, si logramos vincular el control técnico y legal que hace la Contraloría con un adecuado control social por parte de la población, si logramos establecer un mecanismo de coordinación operacional, soy optimista en que esta situación en los próximos años no se vuelva a presentar. La idea es hacer un corte y de aquí en adelante ya no debemos permitir que esto vuelva a suceder.
–Claro…
En esa línea, por ejemplo, el modelo de control concurrente y su expansión a nivel nacional, puede ser parte de la solución, porque este modelo lo que hace precisamente es alertar de manera concurrente lo que está pasando, y entonces todas las instituciones involucradas toman acciones, la ciudadanía hace lo mismo a través de los medios de comunicación y las redes y, finalmente, esos inicios originales de inconducta funcional y de corrupción se eliminan. Yo creo firmemente que una de las discusiones futuras debería poner sobre el tapete el control concurrente, aunque sea de manera temporal. Digo temporal porque si al final esta meta se logra en los próximos años, la Contraloría debería regresar a lo que normalmente hace en un país desarrollado: el control posterior.
–Otro tema es el financiero. En el último año del gobierno del señor Humala (2015) se usó cerca de 1,300 millones de dólares de nuestras reservas internacionales, es decir se monetizó, o se usó la ‘maquinita’, en este caso del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para gastos corrientes. En diciembre del año pasado, con este gobierno, del mismo fondo y de bonos soberanos de una cuenta del MEF se han monetizado 4,060 millones de dólares. Esto al parecer no es legal ni ha sido transparente. ¿Cuál es la opinión de la Contraloría?
A ver, vale hacer primero unas precisiones. El uso del Fondo de Estabilización Fiscal es el uso del ahorro público; porque cada vez que tiene más recursos de los que gasta, esa diferencia, de acuerdo a la ley, va al citado Fondo. Entonces, el uso de esos recursos es muy diferente a lo que se conocía antes o se conoce aún con el nombre coloquial de “la maquinita”, porque aquí no hubo emisión de nuevo dinero. Lo que ha sucedido es que en [tiempos de] las vacas gordas se ha ahorrado y ahora en las vacas flacas se usa. (*Ver nota del Editor).
–¿Pero no está prohibido por la ley del Banco Central de Reserva?
No, no, no. Lo que está prohibido por la ley de Banco Central de Reserva es que esta institución financie déficits del Estado, financie al Tesoro Público, pero esta plata es del Tesoro Público. Y en lugar de tenerlo en el Banco de la Nación, se vio por conveniente que forme parte de las reservas internacionales. Cierto es que al darle soles al gobierno y quedarse con los dólares se ha monetizado, pero es legal.
–Sr. Contralor, ¿esos recursos pueden usarse en gastos corrientes?
Esos recursos pueden usarse para cualquier tipo de gasto. Lo ideal es que se usen para gastos de inversión, pero se tienen que usar para cualquier tipo de gasto. No hay, hasta donde yo recuerde, un impedimento legal para que no se use en gasto corriente.
–Pero la Ley del Fondo de Estabilización Fiscal señala que son para eventos como desastres naturales o cracs financieros graves.
No, porque lo que pasa es que se usa cuando eso sucede: cuando a nivel internacional se producen cracs financieros graves o un colapso en las finanzas, entonces necesitamos financiamiento…
–O desastres naturales graves…
En eso estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no se puede usar en distintos tipos de gasto. Actualmente, gran parte de la Reconstrucción con Cambios se financian con esos recursos. Entonces ha salido toda la normatividad vigente que permite legalmente usar esos recursos. Ahora, que se estén ejecutando adecuada y céleremente, bueno, eso ya corresponde al control que nosotros estamos tratando de llevar adelante. Pero en principio, a primera vista, aunque podemos hacer un análisis más profundo del tema, yo no creo que el uso de los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal haya sido ilegalmente aplicado.
–¿Y las reservas internacionales que tiene el país le parece bien que el BCRP las tenga en entidades financieras donde el interés llega a un poco más del 0.10 % [en el caso del FEF y ello fue en el año 2015 en que solo retornó US$ 11 millones para más de US$ 9,100 millones], es decir algo más de una décima del 1 %? ¿Es normal esto en el sistema financiero?
Lo que pasa es que siempre el tema de la rentabilidad está asociado al riesgo. Entonces, la lógica prudencial con la que se maneja el Banco Central seguramente lo hace preferir ese tipo de colocaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que, desde la perspectiva de la Contraloría, nosotros no intervenimos en ese ámbito de control. Nosotros nos encargamos esencialmente de la lucha contra la inconducta funcional y contra la corrupción en el marco de las acciones de naturaleza más administrativa.
–En el caso Lava Jato tenemos la impresión de que las investigaciones están yendo por los ‘ripios’, es decir por los sobornos o “propinas” para los partidos: tres millones de dólares para Humala, 700 mil para Toledo, 200 mil dólares para Kuczynski, etc., cuando esto es lo adjetivo y lo sustantivo son los megaproyectos, que en el caso del gasoducto ha pasado de US$ 1,800 millones a US$ 7,400 millones (de 1 a 7), en Talara de 1 a 5…
Yo comparto la misma idea en el sentido de que es en los grandes megaproyectos donde las posibilidades de corrupción han sido las más grandes. No solamente por la complejidad de los mismos sino por la cantidad de recursos involucrados. Esa es la razón por la que nosotros hemos propuesto y saludado la aprobación de la iniciativa del Poder Legislativo que ahora, con la nueva ley de Contraloría ya publicada, trae el modelo del control concurrente que nos está dando muy buenos resultados.
¿Reperfilan deuda externa en Petroperú?
–Pero la Contraloría sí podría intervenir en el tema de los bonos soberanos o los bonos corporativos, como en el caso de Petroperú…
Por supuesto que sí.
–Porque buena parte de los bonos de los 2,000 millones de dólares –creo que 1,000 millones el Estado garantiza para la refinería de Talara por los bonos a 30 años–, Petroperú no ha dado una respuesta satisfactoria de dónde están los 2,000 millones de dólares. ¿La Contraloría sabe dónde están esos fondos?
De acuerdo con la normativa vigente nosotros hemos hecho un servicio de control previo. Cada vez que se emiten bonos, en este caso bonos soberanos, cada emisión la hemos supervisado previamente y hemos evacuado un informe sobre las condiciones –si son favorables o no lo son– y también alertado sobre riesgos cuando se hacen este tipo de operaciones. Sin embargo, nosotros todavía no hemos hecho un control posterior para verificar el adecuado uso de esos recursos. Justo estamos trabajando en eso y esperamos que luego de que concluya una fase completa del proceso de ejecución, tanto de la unidad central de procesamiento como las obras complementarias, podamos hacer una auditoría de la refinería de Talara en donde podremos darnos cuenta de qué es lo que ha pasado en el uso y la aplicación de esos recursos.
(En esta parte de la entrevista un asesor complementó lo siguiente: en este caso hay la posibilidad de riesgos de retrasos en la ejecución de las obras. El mismo Petroperú ha establecido que los retrasos a diciembre de 2020 de la obra podría traerle unos costos adicionales a Petroperú de un millón 300 mil dólares diarios. Debemos evitar que ese riesgo se materialice. También se han detectado –en los contratos firmados para la ejecución de las obras– que se podrían generar sobrecostos para el incremento del monto actualizado de 4,999 millones de dólares y que el costo total de la obra vaya en aumento. Hay una comisión que hace seguimiento de estos problemas.
–Todo eso está muy bien, es el crédito de los españoles. ¿Pero dónde están los 2,000 millones de dólares? Que lo transparenten.
Nosotros también hemos preguntado sobre el destino de ese fondo. Y uno de los destinos es que Petroperú asumió unas deudas de emisión de bonos y sabemos que se están haciendo prepagos de endeudamiento de corto plazo para comprar deuda cara y asumir deuda barata).
Fuente Diario Expreso
