Las empresas del excongresista Virgilio Acuña Peralta mantienen, hasta la fecha, contratos con el Estado.
Incluso estas transacciones se ejecutaron entre los años 2011 y 2016, periodo en que ocupó una curul en el Parlamento en representación de la región Lambayeque. Una muestra de que la prosperidad llegó por partida doble a la vida de Acuña, quien sigue participando en la vida política, usa sus redes sociales para apoyar al presidente Pedro Castillo, y tiene dos hermanos congresistas: Mary Acuña y Héctor Acuña.
Los negocios con entidades gubernamentales empezaron en el 2010.
Proveedor
Entre los años 2010 y 2018, la Universidad de Lambayeque S.A.C. giró un total de S/ 1 millón 147 mil 798 al Estado por diversos servicios y consultorías.
Para tener una idea de lo sucedido, esta casa de estudios -que no alcanzó el licenciamiento institucional y fue cesada- facturó en el año 2016, cuando Acuña era congresista, un monto de S/133 mil.
En el 2017, el servicio fue por S/ 160 mil 340, y en el 2018 el monto girado alcanza los S/77 mil; este fue el año donde la Sunedu le bajó el dedo a la universidad fundada por uno de los integrantes del clan Acuña.
A más detalle, los contratos se celebraron con los municipios de Imaza y de Piura; la Academia Nacional de la Magistratura; el Programa de Educación Básica para Todos; la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; el INPE Norte Chiclayo; la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; la Universidad Agraria de la Selva; Sunarp-Sede Chiclayo; los municipios de Pacora y de Salas.
La ley
El exprocurador anticorrupción de Lambayeque, José Neciosup Chancafe, sostuvo que la Ley de Contrataciones del Estado establece prohibiciones para la formulación de contratos donde participen familiares de funcionarios públicos, o sus empresas.
“Es Contraloría la que debe zanjar sobre este tema, porque ya se ven diferentes casos, hasta el hermano del premier (Aníbal Torres) ha contratado con el Estado. Existen restricciones, pero parece que ni los organismos reguladores lo advierten”, sostuvo el abogado.
Asimismo, Neciosup explicó que para la nulidad del contrato de alquiler, suscrito este año entre la empresa de Virgilio Acuña y el Gobierno Regional (GORE), se necesita comprobar vicios en este acuerdo.
“De no haber pruebas) hasta el proveedor puede demandar una indemnización y la entidad sería la más perjudicada”, anotó en esta consulta.
Días atrás, el gobernador Anselmo Lozano anunció que adoptará acciones legales para anular un contrato con la Universidad de Lambayeque, debido a que Virgilio Acuña es hermano de dos parlamentarios.
Pero del total del acuerdo, fijado en S/ 500 mil, el GORE ya le ha pagado a Acuña una suma de S/ 250 mil, según el portal de Transparencia.
Fuente Diario Correo
