El suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, fue detenido esta tarde por la Policía Nacional luego de que acudiera al Poder Judicial para allanarse a la orden de captura en su contra tras ser sentenciado a cuatro años y ocho meses.

Cerrón acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín, acompañado por tres personas que le brindaban protección e intentaban cubrirle el rostro. Allí se dirigió a la ventanilla de registro de condenas.

Vladimir Cerrón acudió hoy a la Corte Superior de Justicia de Junín.

Al ser consultado sobre su presencia en la sede judicial declaró: “He venido a ponerme a derecho”. Salió sin marrocas y de manera rauda abordó la misma camioneta con lunas polarizadas que lo había trasladado hasta la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín.

Escoltado por efectivos de Seguridad del Estado fue conducido al complejo policial de Millotingo y después al penal del distrito de Huamancaca Chico, en la provincia de Chupaca; ingresó enmarrocado y acompañado por un policía.

Al establecimiento penitenciario de Huamancaca Chico, Vladimir Cerrón ingresó enmarrocado.

El exmandatario de Junín permanecía prófugo de la justicia desde hace 16 días, horas después de conocer la orden judicial que ordenaba su prisión efectiva.

Respaldo

Un grupo de simpatizantes llegaron a los exteriores del penal para mostrar su respaldo. Por la mañana, militantes de Perú Libre, el partido que lidera Cerrón, y trabajadores de construcción civil marcharon por las calles de Huancayo.

El jefe de la Sexta Macrorregión Policial Junín, Pasco y Huancavelica, general PNP Alejandro Oviedo, confirmó que Vladimir Cerrón se allanó a la orden de captura y tras confirmarse su identidad fue conducido al establecimiento penitenciario.

La titular del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín, que dirige Susan Carrera Túpac Yupanqui, halló responsables a Vladimir Cerrón Rojas y a Henry López Cantorín por el delito contra de la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano.

En la resolución se dispone una condena de cuatro años y ocho meses de cárcel y el pago de 850,000 soles por concepto de reparación civil; asimismo, se impone la inhabilitación por un año para ejercer la función, cargo o comisión que ejercían, aunque provenga de elección popular.

Fuente Andina

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