Al descubierto mafia moqueguana en ARCC, Provías y Sedapal [INFORME]

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) inició licitaciones para la ejecución de los establecimientos de salud de Máncora, Sechura y Talara, en Piura, el norte del país, con el objetivo de mejorar la infraestructura sanitaria de la región; sin embargo, el problema surge cuando la constructora San José –envuelta en escándalos de corrupción tanto en Perú como en España– es finalista en consorcio con la empresa de capital chileno HV Contratistas para llevar a cabo la construcción de los centros de salud de Sechura y Talara por un monto aproximado de 390 millones de soles.

Pero este suceso solo es la punta del iceberg en el que están implicados autoridades corruptas de la ARCC, de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y “Agua Segura para Lima y Callao” de Sedapal  que responden a los intereses de un “grupo moqueguano” que ha sido puesto al descubierto en el Congreso de la República, siendo su cabeza visible el exministro Carlos Lozada Contreras y actual jefe de “Agua Segura…”

Este entramado es relevante, sobre todo el escándalo de la constructora española San José, que ha cruzado la delgada línea roja del delito, no obstante que tiene firmado una cláusula anticorrupción donde deja establecido que no puede firmar nada si ha sido sentenciada en primera instancia, o aceptado ante autoridades nacionales o extranjeras de haber cometido delito, “y esto aplica para todos los miembros de la empresa”, lo señala y subraya en su propia página web.

Esa cláusula señala que, para participar de estos concursos, que son de Gobierno a Gobierno, pero con dinero de todos los peruanos, la empresa, los accionistas, funcionarios y trabajadores no deben estar ni haber estado inmersos en situaciones judiciales o ilegales. Entonces, ¿cómo la constructora San José, involucrada –junto a otras en su país– en grandes escándalos, ha llegado en el Perú a instancias finales para hacerse de un paquete de obras por casi 400 millones de soles?

Más allá de este detalle, ¿cuáles son los escándalos en los que está envuelta la empresa?

– Cuenta con una acusación fiscal en 2018 por el favorecimiento ilegal, por parte del exdirector ejecutivo de Provías Nacional y extitular del MTC Carlos Lozada Contreras, en la firma del contrato correspondiente a la carretera Checca – Mazocruz en la región Puno, donde se presentó documentación falsa e inexacta, según las fuentes, como veremos líneas abajo.

– En España, la constructora San José y otras empresas de la península ibérica que operan en el Perú han sido acusadas por el Ministerio Fiscal español por obras que se adjudicaron de forma ilegal durante la etapa del gobierno de Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid.

– Otra investigación en que está involucrada dicha constructora es por presuntos delitos de corrupción. Y es que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid también denunció al director de Prevención, Seguridad y Patrimonio del Grupo San José, José Antonio Carpintero, por el delito de cohecho activo, en el marco del caso denominado Tándem y en el cual se le acusa de haber contratado al excomisario José Manuel Villarejo con el objetivo de realizar espionaje a empresas de la competencia.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte publicó días atrás en Normas Legales del diario oficial El Peruano la Ley 31880 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias gestión del riesgo de desastres –Niño Global–, de seguridad ciudadana, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia por un plazo de 90 días.

En el caso de la atención al fenómeno El Niño Global, el argumento del Gobierno para solicitar las citadas facultades al Congreso de la República es que el conjunto de medidas permitirá agilizar obras con transparencia y evitar actos de corrupción.

Sin embargo, en una de las instituciones más importantes en esta materia, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que iba a ser reformulada según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, las cosas no han cambiado mucho tras las graves denuncias de corrupción en que se han visto envueltas algunas de sus exautoridades, incluso procesadas como es el caso de Robert López López, ex director de la ARCC.

Recuérdese que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional convocó para el pasado 28 de agosto la audiencia de prisión preventiva por el plazo de 36 meses, contra el mencionado López López junto a otros 5 investigados por el caso ‘Los operadores de la Reconstrucción’. Y, obviamente, está tras las rejas.

Antes, el pasado 17 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ejecutó un megaoperativo que incluyó el allanamiento a 49 inmuebles y la detención de 12 investigados, siendo los más prominentes dos asesores del congresista de izquierdas Guillermo Bermejo –Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta– y el mencionado Roberto López López, siempre en el caso de los “operadores” de la ARCC.

El 11 de octubre de 2022 allanaron en Ilave la casa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, del grupo congresal denominado ‘Los Niños’. En el interior del inmueble se encontraron copias de documentos relacionados con la carretera Checca – Mazocruz. El legislador es investigado por esta obra y otra adjudicada a un consorcio chino, dado que se le atribuye haber tenido participación en la licitación, se informó en ese entonces.

Más de s/ 242 millones

Como ya señalamos, la empresa San José está envuelta en un escándalo de corrupción por el favorecimiento de parte del exdirector ejecutivo de Provías Nacional y extitular del MTC del periodo del expresidente Martín Vizcarra, Carlos Lozada Contreras.

La acusación fiscal, formalizada en febrero de 2020, se origina por el favorecimiento ilegal de parte de este alto funcionario a esta empresa en la firma del contrato por más de 242 millones de soles para la ejecución de la carretera Checca – Mazocruz en Puno.

Se trata de una vía que tendrá 73 kilómetros de longitud, dos carriles, bermas laterales y cunetas. Incluye la construcción de cuatro puentes, cuyas longitudes varían entre los 36 metros y 140 metros, además de pases peatonales y de animales.

En el curso de la licitación y la entrega de la buena pro se confirmó que la compañía española no solo habría presentado información falsa o inexacta, sino que para la firma de contrato incumplió con presentar la totalidad de la documentación obligatoria requerida en las bases de la licitación y es allí que recibe, presuntamente, el irregular apoyo del exministro Lozada, lo cual se hizo público por las denuncias realizadas.

Como ya se sabe, a causa de incumplimientos contractuales por parte de la constructora San José y en salvaguarda de los intereses del Estado, el contrato de esta obra fue resuelto a inicios de 2020. Esto porque pasados dos años de la firma del mismo, la empresa San José abandonó la obra cuando alcanzaba aproximadamente un avance de 40%. Es cuando el MTC se vio obligado a resolverlo.

Mafia lagarta

El nombre de Carlos Lozada Contreras, actual jefe de “Agua Segura para Lima y Callao”, está más que vinculado a los técnicos que trabajaron con Martín Vizcarra, acusado por corrupción por uno de los fiscales del caso Lava Jato y del Club de la Construcción. Se trata del grupo de “los moqueguanos” que ha sido materia de indagación de la Comisión Investigadora de las empresas chinas que preside el legislador Héctor Valer (Somos Perú).

El informe final que debe concluirse después de un plazo ampliatorio de 60 días sostiene que ese “grupo moqueguano” se ha posicionado al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones –donde se han instalado desde el gobierno de Martín Vizcarra, quien es precisamente oriundo de esa región, hasta inicios de 2023– y en el ínterin habrían hecho negocios millonarios en los gobiernos del mismo Vizcarra, de Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Ese grupo está encabezado nada menos que Carlos Eduardo Lozada Contreras, como se puede ver en el gráfico adjunto elaborado por dicho grupo de trabajo.

En la ARCC, funcionarios de esa entidad deslizaron a la prensa que no entienden cómo se ha permitido el ingreso, como postor, de la constructora española San José, que presenta graves denuncias de corrupción tanto en el Perú como en España.

Denuncias como ‘cancha’ en España

La constructora San José, conjuntamente con otras importantes empresas españolas que operan en el Perú, han sido acusadas por el Ministerio Fiscal español que ha remitido la acusación al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el cual recoge un total de 33 proyectos que se adjudicaron de forma ilegal durante la etapa del gobierno de Esperanza Aguirre.

De este modo, el listado de empresas que habrían atendido pagos equivalentes al 1% de los contratos que habrían sido destinados a financiar de manera ilegal la caja ‘b’ del Partido Popular madrileño son: Testa Hospitalaria de Coslada, Testa Hospitalaria de Parla, Sociedad Concesionaria Hospital de Vallecas S.A., Sociedad Concesionaria Hospital de Majadahonda, Ortiz Construcciones y Proyectos, Acciona Infraestructuras, Ferrovial Agroman, OHL, Corsan-Corvian Construcción, Constructora San José, Dragados y Vías y Construcciones (ACS), entre otras.

Además, constructora San José está en las pesquisas del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia que citó como investigada a un grupo de empresas españolas encargadas de la ejecución del tren Ave de Murcia. La imputación es la desviación ilegal de parte de estas empresas de más de 60 millones de euros durante la ejecución de esta obra.

Fuente Diario Expreso