El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha iniciado una investigación sobre el caso Odebrecht y para eso ha solicitado información a instituciones estatales. Paralelamente, realizará reportes de casos de corrupción a nivel nacional con el propósito de que los delitos no queden impunes.
Cómo está contribuyendo la Defensoría del Pueblo en la investigación de este megacaso de corrupción generado por las empresas brasileñas?
La ley permite a la Defensoría hacer su propia investigación y obliga a los órganos del Estado a que contribuyan entregándonos información. Hemos creado una comisión que viene investigando el uso y abuso de las adendas y normas porque hemos encontrado que hay todo un aparato del Estado en favor de determinados contratos y ciertas empresas. Hace un mes la Defensoría planteó la necesidad de que se saque un decreto de urgencia para evitar el traslado de propiedades de Odebrecht. Un mes después el Ejecutivo lo dictó.
Casos como el de la Interoceánica nos han demostrado que la ganancia estuvo en el uso y abuso de las adendas, lo que permitió que el precio de una obra se multiplicara. ¿Ustedes han encontrado alguna modalidad nueva?
En el caso de la Interoceánica, horas después de haberse firmado el contrato se hicieron añadidos que no eran adendas, como parte de un “documento complementario del contrato”, un término que no tiene ninguna base legal, que no existe. Y ninguna autoridad dijo nada. Quiero resaltar que se utilizaron al máximo adendas, normas y actos administrativos para que se viabilicen los actos de corrupción. La Defensoría está haciendo una investigación que hará pública en su debido momento.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo viene trabajando en un proyecto de ley sobre transparencia, que busca eliminar la confidencialidad de información económica de las asociaciones públicas privadas (APP). ¿Cuál es el planteamiento?
La Defensoría ha presentado una iniciativa para que los informes técnico económicos, que sirven de base a todas las APP, sean de acceso al público. Por ejemplo, el gasoducto es la APP más grande del Perú, que se inició con 1,200 millones de soles y terminó con más de 7 mil millones. Esa obra tiene un sustento técnico económico que, por ley, es información confidencial y eso es inaceptable. A través del informe técnico económico se pueden conocer todas las implicancias que sirven de base para la viabilidad de la obra. Lo que buscamos con nuestra iniciativa legislativa es poder tener acceso a toda esa información.
La Defensoría también está planteando que los correos de las instituciones del Estado sea considerados públicos. ¿Considera que será aceptado, o habrá resistencia?
Los funcionarios, cada vez que hacemos actos administrativos, usamos correos institucionales, pero sucede que hay personas dentro del Estado que consideran que dicha información está cubierta por el secreto de las telecomunicaciones y forma parte de la privacidad. Sin embargo, para la Defensoría esa es información pública. El 2015 se informó que el ex ministro (Eleodoro) Mayorga había sido consultor de Odebrecht y, en ese contexto, se estaba discutiendo el tema de hidrocarburos. Él se negó a revelar el contenido de sus correos señalando que estaban protegidos por el secreto de las telecomunicaciones. La Defensoría inició un proceso de hábeas data que se ganó en primera instancia y la decisión fue apelada (por Mayorga). Ahora está en segunda instancia.
¿Confirma que se creará una adjuntía para apoyar la lucha contra la corrupción?
Sí, la Defensoría quiere poner en el ojo público todos los temas de corrupción: los que se conocen, los que son materia de denuncia ciudadana. La idea es hacer una serie de reportes. El propósito es poner el tema de la corrupción como parte de la agenda de discusión nacional para que, a partir de allí, se haga un seguimiento y no se promueva la impunidad.
Fuente La República
