En abril de 2020, se cumplirá un año desde que el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que afectó la capacidad sancionadora de la Contraloría. Durante el tiempo en que se ha ejecutado la sentencia, los procesos sancionadores llevados por el ente de control, en contra de 13 funcionarios y trabajadores públicos de la región Arequipa, se cayeron.
La mayor parte de los favorecidos corresponde al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y tuvo participación en obras cuestionadas como el puente Chilina y la construcción del primer tramo de la variante de Uchumayo.
El problema
El 26 de abril del 2019, el TC publicó la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. Nelson Shack, contralor general, señaló que este fallo ocasionó la caída de más de 18 000 casos seguidos a nivel nacional, en contra de personas que cometieron faltas administrativas.
Antes de la sentencia, la Contraloría realizaba auditorías en las entidades públicas. Si se encontraban responsabilidades administrativas, se iniciaba un proceso sancionador en dos instancias. El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas era la última instancia que establecía si se inhabilitaba para ejercer cargos públicos.
Este funcionamiento fue cuestionado por el Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), que en 2015 planteó la demanda que generó la sentencia del TC. Argumentó que la Contraloría no podía ser juez y parte de un mismo proceso sancionador. El TC le dio la razón.
Lo que vino después fue la emisión de varias resoluciones del Tribunal de la Contraloría, en que declaraba la imposibilidad jurídica de seguir con los procesos sancionadores. En Arequipa se concluyó el proceso sancionador contra seis exfuncionarios de la gestión de Juan Manuel Guillen en el GRA, dos exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa, entre otros.
Los casos
Entre los beneficiados, se encuentran los exfuncionarios del GRA, Delford Sarmiento y Marcelo Luque. Un informe de auditoría de 2015 detectó irregularidades en la expropiación de terrenos para el primer tramo de la variante de Uchumayo. Se hicieron tasaciones cuestionables y se usó el dinero de partidas para actividades no contempladas. Se estima que se generó un perjuicio de más de S/ 6 millones al GRA. Sarmiento fue sancionado con dos años y seis meses de inhabilitación y Luque con tres años.
Sarah Peña, una de las encargadas de la construcción del puente Chilina, también salió librada. Hasta que se emitió la sentencia del TC, había sido hallada culpable, en primera instancia, de una pérdida de S/ 6 847 132 por contratar servicios innecesarios para la construcción de esta infraestructura. Apeló los cinco años de inhabilitación que le impusieron, pero en segunda instancia tuvo que concluirse el proceso, a raíz del fallo del TC.
También se cayó el proceso contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa por la compra de maceteros para el Centro Histórico. Contraloría había iniciado un proceso contra el exgerente del Centro Histórico Francisco Ampuero y la exsubgerenta de Logística, Gabriela Cáceres. Los maceteros comprados estaban dañados y, pese a ello, se dio visto bueno a su entrega. Además, se habría favorecido a la empresa ganadora Rhamm Perú. Esta no entregó la carta fianza a tiempo y tampoco se inscribió correctamente para participar en el proceso. Ampuero fue inhabilitado por dos años y Cáceres por cuatro, pero el fallo no se ejecutó.
Los 13 funcionarios librados en Arequipa habrían causado un perjuicio económico de S/ 14 361 787.
La Contraloría envió un proyecto de ley al Congreso para corregir los errores que había en su ley orgánica, y volver a sancionar a los funcionarios infractores. Se espera que sea acogido.
Fuente La República
