Las obras de rehabilitación en Piura tras la destrucción de El Niño Costero siguen en problemas por irregularidades en las licitaciones.
A los líos del Gobierno Regional, se suma ahora que Control Interno de la Municipalidad de Piura detectó irregularidades en la convocatoria de seis obras por S/11 millones para rehabilitar seis pistas.
Se concluye que se convocó la licitación con expedientes deficientes que ponen en riesgo la calidad de las obras.
Un panorama que se complica por la decisión del Colegio de Ingenieros y universidades de retirarse de la evaluación del proceso de descolmatación del río.
En relación a lo que pasa en la comuna, la voz de alerta se dio con el informe de acción simultánea Nº 006-2017 de Control Interno.
El documento refiere que los expedientes de rehabilitación tienen errores y omisiones porque fueron hechos por técnicos sin experiencia ni los conocimientos para esta labor.
Esto dio como resultado errores en el diseño y estudios incompletos.
Avenidas
Por ejemplo, en el caso de la rehabilitación de la Av. Cáceres por S/4 millones, el expediente técnico carece de los estudios de estructuras, obras de arte y el drenaje.
Para la Av. Los Tallanes de S/2 millones, los auditores de Control Interno no hallaron el diseño estructural del pavimento y se detectó errores de cálculo de las partidas.
Asimismo, en el expediente de la Av. Sánchez Cerro (S/1 millón) no se precisa la cantidad de ensayos que se usará para probar la calidad del material.
Anticorrupción
Otro detalle que advierten es que los contratos de los consultores que hicieron los expedientes no incluyeron la cláusula anticorrupción.
Esto es una obligación para todos los procesos que se realizan bajo el amparo de la ley de la reconstrucción (Ley Nº 30556).
Esto obliga a las empresas y proveedores del Estado a declarar si son investigados por delitos de corrupción. Si no lo hacen, el contrato se puede anular.
De otro lado, los auditores también observaron que una sola persona solicitó el pago por la elaboración de los seis expedientes técnicos a un costo de S/173.446.
Esto haría presumir que una sola persona elaboró los documentos.
El informe precisa que la solicitud fue presentada por Cindy Paola Varona Becerra.
El Tiempo intentó comunicarse con el gerente Territorial y Transporte, Richard Lescano, pero no contestó su celular.
Cabe indicar que el informe está firmado por los auditores Juan Guevarra Cruz, Víctor Pinedo García, Juan Vega Manayalle y Jorge Chumacero Saavedra.
Fuente El Tiempo
