La corrupción en las obras públicas en el Perú corroe los cimientos del desarrollo y el futuro del país, paraliza inversiones e incrementa exageradamente los costos de estas; destruye la esperanza de millones de peruanos que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema que no pueden aspirar a servicios básicos de agua y desagüe, y condena a comunidades enteras al pasado y les niega el desarrollo ante la falta de carreteras y caminos que los conecte al país.
Los hallazgos recientes de la Comisión Especial de Control Concurrente revelan una dimensión alarmante: más de S/ 63,150 millones en sobrecostos de inversiones de 18 regiones y S/ 43 mil millones en obras paralizadas en todo el país.
Este fenómeno no solo representa un saqueo sistemático de los recursos públicos, sino también una traición a las esperanzas de millones de peruanos que aguardan hospitales, colegios, carreteras y servicios básicos que nunca llegan.
Radiografía del saqueo
Según el informe preliminar de la Comisión Especial, a la que EXPRESO tuvo acceso, el país pierde cada año S/ 8,836 millones en compras sobrevaloradas; S/ 8,936 millones en obras mal ejecutadas y más de S/ 7 mil millones por inconductas funcionales.
Esta sangría financiera se traduce en obras inconclusas, adendas, presupuestos inflados y una institucionalidad resquebrajada.
Durante sus visitas en obras en 18 regiones del país, se identificaron 967 inversiones con incrementos de costos superiores al 100% respecto al monto viable y en total muestran un incremento de S/ 63,150 millones.
Los sectores más afectados son Salud, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, y la Presidencia del Consejo de Ministros (principalmente la Autoridad Nacional de Infraestructura), con una diferencia acumulada de S/ 34,205 millones. En 18 gobiernos regionales, se detectaron 653 inversiones con incrementos que suman S/ 28,944 millones.
Cementerio de obras
Pero no solo es el incremento. A marzo de 2025, se registraban 2,572 obras públicas paralizadas, con una inversión total de S/ 43,163 millones. De ese monto, S/ 22,512 millones aún no han sido ejecutados.
Son 617 entidades, en distintos niveles de gobierno, las que tienen obras detenidas. En la mayoría de los casos, la causa es la corrupción y la ineficiencia en la gestión de recursos.
Los departamentos más afectados son, según el informe, La Libertad, Loreto, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ica, Arequipa, Cusco, Áncash, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Ucayali, Huánuco, Cajamarca, Madre de Dios y San Martín.
La mayoría de las razones de la paralización de las obras pudieron haberse corregido a tiempo, si el control concurrente se hubiera aplicado desde la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión del proyecto.
“En la mayoría de los casos, el incremento de los costos y la paralización de obras obedecen a la corrupción y a la ineficiencia en el uso y protección de los recursos públicos, además del manto de complicidad e impunidad de funcionarios que prefieren ignorar las advertencias y alertas emitidas tras la aplicación del control concurrente”, sostuvo el presidente de la Comisión Especial de Control Concurrente, José Luna Gálvez, en un mensaje difundido en la web de este grupo de trabajo.
Causas de la paralización
Desde una lectura técnica, el informe preliminar de la comisión identifica las causas estructurales de esta crisis:
- Expedientes técnicos deficientes en más del 10.9% de los casos, elaborados con información incompleta, errores constructivos, y presupuestos mal calculados.
- Incumplimiento de contratos (25.4%), sin aplicación de penalidades ni resolución efectiva por parte del Estado.
- Incremento sustantivo de presupuestos; 1,610 proyectos han duplicado su presupuesto original (más del 100%) y, peor aún, 154 proyectos han elevado sus costos en más de 500%.
- Falta de financiamiento (21.2%), lo que revela un uso irresponsable de los recursos y ausencia de planificación real.
- Controversias legales (9.1%) que concentran el 34.5% del monto económico paralizado, recurriendo al uso del arbitraje como refugio.
Estructura del colapso
En la mayoría de los casos investigados, el incremento de los costos y la paralización de obras obedecen a la corrupción y la ineficiencia en el uso y protección de los recursos públicos.
El sistema de inversión pública peruano enfrenta una crisis estructural alimentada por tres factores persistentes: la primera, y más grave, es la corrupción tolerada, que utiliza las obras paralizadas como herramienta de chantaje político; la gestión ineficiente, reflejada en expedientes técnicos mal elaborados, falta de planificación financiera y presupuestos duplicados o quintuplicados.
La fragmentación en la función de las instituciones encargadas por prevenir y sancionar las acciones de corrupción, como la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General.
Impacto de la corrupción
“La corrupción impide ejecutar proyectos y obras esenciales para la población, dotar de servicios básicos, como agua potable y desagüe a comunidades enteras; construir colegios y hospitales, o construir carreteras que permitan a las comunidades la intercomunicación necesaria, entre otros”, señaló Luna Gálvez.
La corrupción e ineficiencia estatal ha significado que la obra de recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (hoy ANIN), presenta un incremento en sus costos de S/ 749.4 millones.
Lo mismo sucede con el Hospital Provincial de Cascas II-1, en La Libertad, que presenta un incremento de costos por 418.3%, más de 360 millones de soles.
Fuente Diario Expreso
