En el contexto de corrupción que vive el país no sorprende que la mayor parte de los municipios incumplan con las metas relacionadas a la lucha contra la corrupción, refirió el regidor de Huamanga Iber Maraví al sustentar su pedido de informes sobre la aplicación del decreto supremo N°092 del sistema anticorrupción.
Cabe precisar que al ser una norma publicada recién el año pasado, sólo algunos gobiernos locales, principalmente los metropolitanos, los que califican para las metas 21 y 30, acerca de la implementación de control interno (en la fase de ejecución), en los procesos de presupuesto público y de contratación pública.
De los 117 distritos que tiene la región sólo cinco aplican a esta meta; sin embargo, sólo dos cumplieron con ambas metas, por lo recibirán un incentivo para este 2018.
Entre los municipios que aplican se encuentran Huamanga, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno y Huanta. Siendo Huamanga y Huanta los gobiernos locales que cumplieron con dichas metas.
Sustento. El concejal refirió que dicho decreto busca erradicar la corrupción; sin embargo, existe muy poca voluntad de las autoridades para implementarla, por eso señaló que el gobierno de Hugo Aedo Mendoza debería agilizar este proceso a fin de cosechar en su gestión, los frutos de la norma.
Al respecto, el asesor de alcaldía dio a conocer que, en la MPH, los órganos de control superior incluidos en la norma están en primer lugar la Fiscalía, el Poder Judicial y la Contraloría, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
Explicó que una primera parte de la norma exige la implementación del Órgano de Control Interno. Otro punto es la Transparencia, el cual sólo pocos lograron cumplir los ítems que exige.
El asesor de alcaldía, Fernando Rocha, señaló que en este segundo punto alcanzaron el 87% de los ítems de transparencia, ubicándose así en el tercer lugar.
Por su parte, el gerente municipal, Elver Vicente, señaló que el decreto supremo N°092 recoge lo que venían trabajando en cuanto a la implementación de los órganos de control interno.
Trascendió que a través de la Contraloría, se refiere que cada gobierno local es responsable de aplicar el control interno, de identificar sus brechas de integridad y de diseñar sus mapas de riesgos en el marco de la normatividad vigente. Una tercera fase establece las sanciones.
Trascendió que, pese a que la norma ya estaba dada desde el 2016, los gobierno locales no aplicaban, por ello el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió incluirlo en el Plan de Incentivos Municipales.
Fuente Diario Correo
