A cambio, exalcalde de Chiclayo recibía coimas de S/. 3 mil por cada factura que era emitida a favor de dos empresas cuyo propietario era la misma persona. Ahora la Fiscalía le imputa 3 nuevos delitos
Esta semana el Ministerio Público comunicó al Poder Judicial su decisión de ampliar los cargos contra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, presentando nuevos elementos de convicción sobre hechos ilícitos que también alcanza a otros imputados.
A los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, la Fiscalía le agregó colusión agravada, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, basándose en actos irregulares que el encarcelado exalcalde habría perpetrado con apoyo de sus socios.
En su disposición N° 97 el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco describe el rol clave que tuvo en la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, el proveedor Luis Barrantes Piscoya, quien además ha sido la persona más cercana a Beto Torres.
COLUSIÓN. Para sustentar el delito de colusión agravada, el citado fiscal argumentó que Barrantes Piscoya dio de baja a su negocio de ferretería denominado San Diego EIRL. y creó dos empresas a nombre de terceras personas, con las que logró convertirse en el principal proveedor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) desde el año 2008 hasta setiembre del 2014.
Durante esos 7 años, las dos empresas de Barrantes Piscoya realizaron ventas de artículos de ferretería a las diferentes gerencias de la MPCh, facturando entre S/. 35 mil a S/. 40 mil mensuales. Lo grave del asunto es que se eludió procesos de selección siendo un promedio de 300 las órdenes de compra directa.
“Si cada una de las empresas (de Barrantes Piscoya) facturaba más de 35 mil soles mensuales, ello evidencia que los precios superaban las 3 UIT (S/. 11,400), por tanto la MPCh estaba obligada a realizar procesos de selección (…)”, consta en la disposición.
Todo esto lo realizó el citado proveedor en contubernio con “El Jefe” y prueba de ello es que los funcionarios de la MPCh le permitían recoger los cheques que se emitían a nombre de los verdaderos titulares de sus empresas: José Gómez Guzmán (Negocios y Distribuciones J&C) y Diana Otoya Whang (Negocios Generales whang).
“Así se ha establecido al recibir las declaraciones de estos, quienes al mostrárseles los comprobantes de pago, manifestaron que las firmas que allí figuran no les corresponde, que esas firmas lo hacía Barrantes Piscoya con anuencia de los funcionarios, pero que sí cobraron dichos montos en el banco”, se lee en la disposición fiscal.
La Fiscalía estima que han sido más de 5 millones de soles las ventas fraccionadas que realizó el citado proveedor y que deberán ser corroboradas con una pericia contable. Fue el mismo Luis Barrantes quien reveló, al someterse a la confesión sincera, que cada mes sus empresas facturaban entre S/. 35 mil a S/. 40 mil; sin embargo la Fiscalía cuenta con un audio donde se le escucha decir que anualmente vendía a la MPCh entre S/. 800 mil a un millón de soles en productos.
COHECHO. Para sustentar el delito de cohecho pasivo, el referido fiscal precisó que el exalcalde Roberto Torres daba órdenes a sus funcionarios para que cancelen rápidamente las facturas de Barrantes Piscoya y a cambio este le entregaba montos que oscilan entre S/. 2 mil 500 a S/. 3 mil.
“Entregas que se hicieron sistemáticamente en su casa de la Avenida Sáenz Peña y que ocurrió desde el año 2008 hasta inicios del 2014”, argumentó el fiscal.
Asimismo refirió que Barrantes Piscoya también le entregaba dinero a Katiuska Del Castillo Muro, pareja sentimental del exalcalde para gastos de la campaña electoral del movimiento regional “Manos Limpias”.
Incluso sostuvo que el exgerente de Administración y Finanzas de la MPCh, Jorge Matallana Peralta en “deslealtad” a Roberto Torres empezó a condicionar a Barrantes Piscoya para que le entregue por cada factura girada una coima de S/. 400 a S/. 500.
Basándose en la confesión sincera de Barrantes Piscoya, el citado fiscal también indicó que Torres Gonzales le cobraba el 10% del presupuesto de cada obra, a cada uno de los contratistas que eran favorecidos con el otorgamiento de la buena pro en procesos de licitación “direccionados”.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Del mismo modo, el fiscal Zapata Orozco se basó en el testimonio de Barrantes Piscoya para sustentar el delito de tráfico de influencias, pues el citado proveedor actuó como chofer de “El Jefe”, cuando este viajó a Lima en búsqueda de “personas influyentes que tengan llegada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.
En su escrito el fiscal señala que Torres Gonzales realizó un aproximado de 5 viajes en setiembre y octubre del 2012, acompañado de su novia Katiuska Del Castillo y los exfuncionarios municipales César Regalado, Misael Delgado y Cristiam Soriano logrando contactarse con Marco Antonio Garavito Rentería.
A esta persona le habrían entregado S/. 50 mil y días después el organismo electoral restableció la vigencia de la credencial de alcalde que le fuera otorgada a Roberto Torres.
Del mismo modo, se detalló que “El Jefe” viajó en 4 ocasiones a Lima durante los meses de febrero a abril del 2013, con el objetivo de contactarse con personas que tengan llegada al Tribunal Constitucional (TC).
Esta vez fue el abogado Artemio Rengifo Valverde, quien sirvió de nexo entre “El Jefe” y los jueces del TC para convencerlos de que anulen la condena a 2 años de cárcel que se le había impuesto en Chiclayo por el delito de peculado de uso.
Según atestiguó Barrantes Piscoya, “El Jefe” llevó una maleta de cuero que contenía un aproximado de $ 100 mil y antes de encontrarse con Artemio Rengifo extrajo varios fajos quedando la maleta con $ 80 mil. “Después de una media hora Artemio regresa al lugar entregando al exalcalde la maleta vacía, manifestándole ‘pensaba que me la iba a robar’ agregando ‘no se preocupe que en unos días saldrá la resolución a favor’”, se lee en la disposición fiscal donde se le imputa a Roberto Torres ser cómplice primario del delito de tráfico de influencias.
