Bajo la gestión de César Leigh, ex comandante general de bomberos, se autorizó la compra de por emergencia, y sin licitación, de 200 equipos de respiración autónoma que costaron S/3 millones, tal como se señala en el informe de auditoría N° 007-2017-2-3601.

Esta es su respuesta sobre la cuestionada compra pues, tal como se ha comprobado, estos equipos no servirían para atender incendios debido a que son de uso industrial.

¿Cómo se inició esta adquisición?

Durante el incendio de Nicolini se compraron por emergencia 12 o 13 equipos de aire autocontenido. Esa es una cosa. Luego se dispuso comprar más equipos.

¿Y se compraron sin licitación?

No, no. Una cosa fue la emergencia misma y otra la licitación [Informes de la Intendencia Nacional de Bomberos y del Mininter señalan que fue una compra directa a Firemed S.A.C.]. Se autorizó la compra […]. Esos equipos llegaron, pero fueron observados. Se armó una comisión ad hoc en la que participaron tres oficiales de bomberos. Ellos concluyeron que no eran los equipos que necesitaban los bomberos. Por lo tanto se guardaron y no se pagaron. Al menos, yo no los pagué.

Los equipos se repartieron en las compañías…

Efectivamente y se retiraron porque no eran adecuados.

¿Los manuales fueron alterados para omitir que no servían para incendios?

Lo que usted está diciendo es algo que a mí se me informó.

¿Quién alteró los manuales?

¡Pero dígame cómo voy a saber quién borró!

Pues usted comandaba el Cuerpo de Bomberos

[…] Le garantizo que yo no vi, yo no fui y yo no ordené nada. Se me informó que la compra no era la más adecuada y se dispuso que no se pague. Si alguien después de octubre del 2017 (mes en que deja el cargo) dispuso que se pague o se use no es mi responsabilidad.

¿Usted tenía algún interés en que Firemed S.A.C. ganara esa venta?

Ningún interés con ninguna empresa en particular, porque yo no hago las especificaciones técnicas ni soy de la comisión de adquisiciones. Asumo la responsabilidad política por ser titular del pliego, pero yo no pagué [los equipos].

Fuente El Comercio

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