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Luego de que el alcalde Rafael López Aliaga se acordara de su promesa de campaña electoral, el Concejo Metropolitano aprobó ayer, por unanimidad, que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima proceda con la terminación unilateral del contrato de concesión de los peajes de Rutas de Lima ubicados en la Panamericana Norte (de Chillón) y Sur (de Villa).

Para esa nulidad de los peajes se declaró la “afectación al interés público”, conforme está facultado en la cláusula 17.7. del contrato, firmado en el 2013, en el marco del proyecto Vías Nuevas de Lima que incluía una serie de obras en esas carreteras.

Según el jefe de la GPIP de la comuna de Lima, David Dall’orto, la “afectación al interés público” se da en las altas tarifas de los peajes (S/6.50) que afectan a las familias, por ejemplo, que pasan por el peaje de Chillón y que deben gastar entre 9% y 15% de su ingreso mensual.

El perjuicio a la población también se demuestra en las deficiencias contractuales que limitan la construcción de vías complementarias a los peajes porque implicaría compensar a Rutas de Lima. A eso se debe sumar, agregó Dall’orto, su servicio deficiente, ya que hay 14.759 observaciones durante 2020 y 2022, cuyas penalidades no suman ni 5 millones de soles, sin poder resolver el contrato.

“Esto también se comprueba con la disminución de la velocidad en la Panamericana Norte, de 20 km/h a 17 km/h, cuando se supone que las obras debieron mejorar el tiempo”, precisó.

Finalmente, el jefe de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada argumentó que la “afectación al interés público” se concreta a través de las modificaciones económicas que se realizaron en el contrato, la adenda y las 31 actas privadas sin contar con la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría.

“Tenemos que señalar también que, en estos 10 años de concesión (de los 30 previstos), Rutas de Lima ha percibido ingresos mayores a 1.245 millones de dólares en bonos, recaudación, arbitrajes y solicitudes arbitrales, monto que es superior a los 259 millones de dólares de su inversión. Por eso debemos ponerle un alto y no seguir por 20 años así”, afirmó Dall’orto.

Con ese sustento, la mayoría del Concejo aprobó la terminación unilateral del contrato.

“Este es un día histórico porque se sacará a Odebrecht de la Municipalidad de Lima, de acuerdo a la ley”, afirmó el alcalde Rafael López Aliaga tras saludar a su colega de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien estuvo con sus vecinos en la sesión.

Llamó la atención ayer la ausencia de José Luna Morales y otros cuatro regidores de Podemos Perú, quienes pidieron licencia. Solo estuvieron dos.

¿Y Línea Amarilla?

Por la mañana, ese partido cuestionó que López Aliaga, “uno de los impulsores de los peajes cuando fue regidor, pretenda anular los peajes sin sustentos que eviten millonarias indemnizaciones”. También criticó que no hayan tomado esa misma decisión con la concesionaria Lima Expresa (ex Línea Amarilla) que administra 11 peajes en Evitamiento.

Tras ello, el alcalde ordenó que se revise el contrato de concesión con esta última empresa.

La clave

Rutas de Lima señaló que la terminación del contrato de concesión genera que la comuna de Lima esté obligada a asumir el pago inmediato de las inversiones. “Hasta que no cumpla ello, la concesionaria seguirá a cargo de la administración del peaje y la tarifa”.

Fuente La República

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