La administración del gobernador regional Walter Aduviri firmó contrato con una empresa que presentó documentos falsos. Se trata del Consorcio San Francisco, integrado por las constructoras Surupana y Upaca. Estas ganaron la buena pro para la construcción de la carretera San Juan de Salinas-Chupa en la provincia de Azángaro.
La obra, de un valor de S/ 13 millones 494 mil, fue adjudicada el 12 de diciembre de 2018, 19 días antes de que acabe la gestión de Juan Luque Mamani.
El consorcio, representado por Raimundo Palomino Hancco, acreditó la experiencia de sus profesionales presentando certificados de trabajo falsos de Waldo Solórzano Tapia, Alfredo Alarcón Atahuachi, Abraham Arce Carrión y David Chipana Mamani.
No cuadran
Sobre Solórzano, el consorcio adjuntó una constancia de experiencia de 8 meses y cinco días, entre octubre de 2011 y julio de 2012, como residente en la obra de la vía Vilque-Mañazo-Huataquita. Este proyecto estuvo a cargo del Consorcio Huataquita y el certificado fue firmado por Alejandro Guerra Feo, representante del consorcio.
Ese documento es falso, porque el verdadero representante de Consorcio Huataquita era Uriarte Iñaki Pascual. Además, a junio de 2012, Provías les rescindió contrato.
Sobre Alarcón, se adjuntó un certificado como especialista en pavimentos entre septiembre de 2009 y junio de 2010. Sin embargo, recién obtuvo el título de ingeniero civil en junio de 2010. La constancia fue firmada por Raimundo Palomino Hancco, cuando era representante del consorcio Los Uros. Palomino ahora representa al Consorcio San Francisco.
Respecto a Arce Carrión, fue presentado como especialista en metrados y valorizaciones. La función supuestamente la habría cumplido en una obra en el centro poblado de Cocosani, en Ácora. No obstante, en el expediente, no se considera tal puesto.
En el caso de Chipana Mamani, este fue acreditado como especialista en estructuras, obras de arte y drenaje. Cumplió supuestamente tal función en la obra de la vía Juliaca-Capachica entre julio de 2009 y abril de 2010, cuando estaba a cargo del Consorcio Uros. La obra, según expediente, tampoco requería tal especialista.
Ante estas evidencias, Asesoría Jurídica del gobierno regional determinó anular el contrato suscrito por el gerente general, Dione Pacoticona Mamani.
Fuente La República
