Una auditoría de cumplimiento efectuada a los procesos de contratación de bienes y servicios de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, enciende las alarmas en esta sede judicial, sobre todo por el perjuicio económico detectado, el cual sobrepasa los S/ 130,000.

Dicho informe de control comprende al periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, lo cual abarca parte de la gestión del past presidente de esta Corte, Miguel Ángel Guerrero Hurtado y los dos años de Ana Salés del Castillo.

El órgano de control resalta que, durante el periodo 2014 al 2016, esta Corte efectuó contrataciones bajo las modalidades de con y sin proceso o procedimiento de selección ascendente a S/ 9 millones 898 mil 338 y S/ 6 millones 190 mil 774, respectivamente.

LOS PERJUICIOS. De acuerdo al Informe de Auditoría N° 769- 2017, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque alquiló local sin definir con precisión las áreas necesarias para cada oficina, con deficiencias en los términos de referencia, con metraje real menor al requerido, alquilándose un área adicional.

“…afectando la comodidad y seguridad de las labores del Módulo Corporativo Laboral y Juzgados de Familia, y generó la obligación de pago por área adicional y menor a la requerida valorizada en S/ 89 526,90, en perjuicio económico de la entidad”, dice el informe.

Otro hecho observado radica en la adquisición de uniformes, aquí, según la Contraloría, esta Corte aplicó sanción pecuniaria no establecida en la ley, bases ni contrato por S/ 42 660,10.

“…ejecutando la garantía de fiel cumplimiento, no obstante al haberse otorgado la conformidad y realizado el pago al contratista, generando un proceso arbitral cuyo laudo ordenó a la Corte de Justicia de Lambayeque, la restitución del monto ejecutado, el pago de intereses legales, indemnización por daños y perjuicios y costos del arbitraje”, se lee en la auditoría.

Por último están los vicios hallados en la Adjudicación Simplificada N° 02-2016, en donde la Corte sustituyó la obligación de acreditar documentalmente la disponibilidad de equipamiento estratégico para la prestación del servicio de limpieza por una declaración jurada.

“…generando que durante la ejecución contractual, el postor no entregue el equipamiento requerido, ocasionando la resolución del contrato y afectando la adecuada prestación del citado servicio”, se exhibe en el documento.

ACCIONES. Frente a estas advertencias, la Contraloría remarca haber remitido este informe al órgano instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador.

Anuncia que puso en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría, para que inicie las acciones legales.

Del mismo modo, dispuso el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Poder Judicial.

Ordenó las acciones administrativas para que, una vez determinados correctamente los importes por concepto de intereses legales y costos del arbitraje, y efectivizados dichos pagos; así como la indemnización por daños y perjuicios, se recupere el perjuicio originado.

SU VERSIÓN. Correo buscó la postura del actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata López, quien se negó a brindar declaraciones.

Quien sí salió al frente, fue la past presidenta de esta Corte, Ana Elizabeth Salés del Castillo.

“Según lo que se detalla acá, presuntamente podría haber ocurrido en mi gestión los 3 casos…pero no conozco cuáles son los detalles”, expresó.

Salés comentó que, en su momento, la Contraloría le envió unos informes, los cuales absolvió, remarcando que posterior a ello no tuvo ninguna otra información sobre el caso.

“Es un presunto perjuicio, todo esto va hacer materia de una investigación posterior conforme se dice en este informe que será investigado a través de un proceso administrativo o penal según corresponde y se establecerá de quién hay responsabilidades, si es que la hubiera”, enfatizó.

Ana Salés agrega que estos indicios que menciona la Contraloría, necesariamente no va hacer lo que al final resulte.

“Pero esos locales están siendo utilizados por la Corte, yo no entiendo…Esto deberán responder los funcionarios a cargo de las contrataciones…tenemos nosotros al gerente de la Corte, el actual (Julio Sifuentes) ha sido gerente en una parte de mi gestión, el otro fue el señor Arrospide, quien también gerenció una parte del ejercicio del doctor Guerrero (ambos jubilados)”, acotó.

Fuente Diario Correo

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