La Contraloría General de la República advirtió riesgos en dos obras que se ejecutan en las regiones Lambayeque y Ayacucho, y cuya inversión suma en total más de S/10 millones.
En Ayacucho, la Contraloría advirtió «situaciones adversas» en la obra del sistema de riego del distrito Los Morochucos, en la provincia de Cangallo, que es ejecutado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
La obra se realiza con un presupuesto de S/ 7’426.398,10 y tiene como objetivo el incremento de rendimiento y la producción agrícola en el distrito Los Morochucos. Su culminación está prevista para este mes.
Entre los principales hechos advertidos, la entidad aprobó la valorización N° 3 del saldo de obra con partidas no ejecutadas (por movimiento de tierras), ocasionando pagos al contratista por el total de S/230.862,99 en perjuicio de la entidad. Este hecho fue comprobado en la inspección física de la obra.
En el expediente técnico de saldo de obra, la ubicación del reservorio N° 3 del sector 1 fue modificada por el contratista sin contar con la autorización de la entidad, lo que ocasionaría la ejecución de nuevas obras complementarias, advirtiendo que el contratista viene ejecutando el reservorio en una nueva ubicación.
La ejecución del saldo de obra con relación al calendario de avance acumulado programado se ha atrasado, lo que ocasionaría que no se garantice el cumplimiento de la obra en el plazo previsto.
Por otro lado, en Lambayeque, la Contraloría realizó dos observaciones que han afectado la prestación del servicio de elaboración de la ficha técnica definitiva y descolmatación del cauce del río Olmos- tramo I, que se realiza en el marco de la Reconstrucción con Cambios con una inversión presupuestal de S/ 3’805,201.92.
En primer lugar, se identificó que el Programa Subsectorial de Irrigaciones no comunicó oportunamente al contratista Consorcio Chiclayo la aprobación de la ficha técnica definitiva impidiendo que la empresa inicie los trabajos. Ante este desconocimiento, el consorcio solicitó una ampliación del plazo por 41 días calendario.
Este hecho hizo que el contratista solicite mayores gastos generales que ocasionen perjuicios al Estado y el retraso en la prestación del servicio a la población beneficiaria.
Por otro lado, el inspector del servicio de descolmatación emitió una opinión favorable cuando el consorcio solicitó presupuestos adicionales y deductivos (números 1 y 2) sustentados en un segundo estudio de mecánica de suelos que no fue presentado ni aprobado en la ficha técnica definitiva. Esto genera el riesgo que la entidad reconozca mayores montos en el costo directo y gastos generales.
Las situaciones adversas identificadas afectan el normal desarrollo de los trabajos programados y el cumplimiento de los objetivos de las labores de prevención de desastres. Además, ponen en riesgo a la población ante la ocurrencia de un nuevo fenómeno natural, advirtió la Contraloría.
Fuente El Comercio
