La Contraloría General de la República detectó un mal uso de casi seis millones de soles provenientes del canon y sobrecanon petrolero, los cuales fueron utilizados para pagar los sueldos de trabajadores; así como el pago de aguinaldos y otras bonificaciones de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lobitos, en la provincia de Talara, en Piura, lo cual está expresamente prohibido.
Los hechos se encuentran detallados en los Informes de Servicios de Control Específico N° 5650-2019-CG/GRPI-SCE y N° 5725-2019-CG/GRPI-SCE, los cuales fueron notificados al titular de la entidad, con la finalidad de que disponga el inicio del procedimiento administrativo a los exfuncionarios y servidores involucrados. Además, los documentos fueron remitidos al procurador público encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría para las acciones correspondientes.
EL MAL USO
La comisión evidenció el desembolso de 5 millones 852 mil 329 soles, que corresponde a recursos del canon y sobrecanon petrolero, para el pago de personal de limpieza y recojo de residuos sólidos, videovigilancia, limpieza de drenes y administrativos que desempeñaban funciones en las diferentes áreas municipales. Dichos pagos se habían tramitado para la supuesta operación y mantenimiento de cinco proyectos de inversión pública; sin embargo, no cumplían con la finalidad de estos recursos.
En el informe N° 5650-2019-CG/GRPI-SCE se involucra a siete exfuncionarios y exservidores públicos por disponer, autorizar y pagar de este dinero, el cual es de uso exclusivo para el financiamiento de proyectos de impacto que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Estas personas están comprendidas con presunta responsabilidad administrativa y hasta penal.
PAGARON AGUINALDOS
Una segunda comisión acreditada mostró la aprobación y otorgamiento de aguinaldos y bonificaciones a funcionarios y servidores al margen de la norma, lo que ocasionó un perjuicio económico de 569 mil 376 soles.
De acuerdo con el informe N° 5725-2019-CG/GRPI-SCE se determinó que desde el 2014 al 2018 se efectuaron estos pagos a favor de exalcaldes, exfuncionarios de confianza y exservidores en contra de las Leyes de Presupuesto del Sector Público y la normativa que regula el régimen laboral de los beneficiarios. Asimismo, se pagaron de manera irregular otros conceptos como aniversario del distrito, Día del Trabajador Municipal y cierre del pacto colectivo. Un total de 11 personas están comprendidas en el servicio de control.
Fuente Perú21
