La Procuraduría de la Contraloría General de la República formulará una denuncia contra los presuntos funcionarios involucrados en las irregularidades de la concesión de la Línea Amarilla, explicó hoy Edwards Cotrina Chávez, gerente de Control Previo y Proyectos de Inversión de la Contraloría.
“¿Quiénes son los funcionarios involucrados? el gerente de promoción de la inversión privada, secretario general de INVERMET, gerente de supervisión de contrato de INVERMET y otros funcionarios. Se han encontrado irregularidades en la forma de reajuste de las tarifas establecidas en el contrato”, mencionó.
Otra irregularidad presentada en la Línea Amarilla es que se incorporó la obra el by pass de 28 de Julio que no era parte de la concesión. “Sin embargo, se tomó en cuenta y se decidió mediante una adenda incluirla. El tema es que no es sola esta disposición sino que se incrementa el costo de la obra de manera importante”, sostuvo.
A su turno, el contralor general de la República, Edgar Alarcón, indicó que la auditoría a la Línea 2 del Metro de Lima, que tiene una inversión de 572 millones 200 mil soles, ya tiene observaciones.
“Quiero comunicar su preocupación por la obra de la Línea 2 del Metro de Lima. Es una obra que está próxima a cumplir los tres años de ejecución y que está prácticamente paralizada”, señaló.
Recordó que es una obra que ya cuenta con un arbitraje 268 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), “es una concesión que tiene un proyecto de adenda colgada en el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ya tiene observaciones”.
Otros resultados
La Contraloría General de la República también explicó los resultados de la auditoría a la compra de 144,218 computadoras por parte del Minedu por 153 millones de soles por medio del Convenio Marco.
“En los actos preparatorios, selección de proveedores y ejecución contractual se advirtieron hechos que ponen en duda la transparencia del proceso de compra, cuyo detalle se revela en una carpeta que ha sido entregada al Ministerio Público a su solicitud, ya que la auditoría todavía se encuentra en ejecución”.
Y finalmente, detalló los resultados de la adquisición de 400,000 pasaportes biométricos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por 86 millones 900 mil soles.
“existen hechos que denotan presunta responsabilidad penal. Los presuntos funcionarios involucrados son: el director general de Comunidades Peruana en el Exterior, el director de Privilegios e Inmunidades, el director de Política Consular, entre otros”, se detalló.
Informes al Congreso
En otro momento, Alarcón señaló que hoy envió a la presidenta del Congreso de la República dos oficios, el primero adjuntando el informe de la auditoría a la adenda de Chinchero y el segundo acompañando el informe del Gasoducto del Sur.
“Con el fin de que el Congreso de la República evalúe si procede la acusación constitucional a los exministros involucrados en estos dos informes”, precisó.
Fuente Diario Gestión
