El proyecto de mejoramiento del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre, ubicado en el distrito de Mollendo, enfrenta una serie de observaciones formuladas por la Contraloría General de la República que podrían retrasar el inicio de su ejecución. La inversión, valorizada en S/75,5 millones, será financiada bajo la modalidad de Obras por Impuestos, pero antes deberá subsanar diversas deficiencias técnicas, legales y financieras detectadas durante el control previo.
Las observaciones están contenidas en el Informe Previo N.° 029-2026-CG/APP, emitido el 6 de julio de 2026, documento que evaluó el cumplimiento de los requisitos exigidos para convocar el proceso de selección de la empresa privada que ejecutará la obra.
El proyecto beneficiará a 2.323 estudiantes de la provincia de Islay mediante la construcción de nueva infraestructura educativa, ambientes especializados, laboratorios y equipamiento tecnológico para fortalecer la formación técnica superior.
Sin embargo, el órgano de control advirtió que el Gobierno Regional de Arequipa no acreditó las factibilidades de los principales servicios básicos, entre ellos agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, documentos considerados indispensables para garantizar la viabilidad del proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. La ausencia de estas certificaciones podría ocasionar retrasos, modificaciones contractuales e incrementos en los costos durante la ejecución.
Otra observación relevante corresponde al sustento técnico del presupuesto de inversión. La Contraloría identificó que diversos componentes, especialmente los relacionados con equipamiento, instalaciones especiales y montaje electromecánico, no cuentan con documentación suficiente que respalde los montos considerados en el expediente técnico.
Asimismo, el informe detectó la incorporación de gastos que no corresponden a la modalidad de Obras por Impuestos, entre ellos obligaciones fiscales y liquidación de obra, conceptos que podrían generar un presupuesto sobredimensionado y afectar la correcta utilización de los recursos públicos.
En relación con la disposición final de los residuos de construcción, el Gobierno Regional presentó un acta de compromiso suscrita por la Municipalidad Provincial de Islay; sin embargo, dicho documento no acredita que el lugar propuesto sea una escombrera o un relleno sanitario autorizado para recibir los desechos generados por la obra. Esta situación podría ocasionar paralizaciones o sanciones ambientales durante la ejecución.
El órgano de control también formuló observaciones al proceso de selección. Si bien verificó que el Comité Especial fue designado conforme a la normativa vigente, encontró inconsistencias en las bases administrativas respecto a montos, plazos y requisitos, además de advertir que parte de la documentación aún no se encuentra completamente adecuada al nuevo Reglamento de la Ley N.° 29230, aprobado en marzo de este año.
En el aspecto financiero, la Contraloría señaló que el Gobierno Regional no presentó el cronograma mensual de sus obligaciones de deuda vigente ni acreditó la disponibilidad presupuestal para asumir los futuros gastos de operación y mantenimiento del instituto, responsabilidad que recaerá en la Gerencia Regional de Educación. Del mismo modo, el flujo de caja proyectado presenta inconsistencias respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026 de la unidad ejecutora.
Frente a estas observaciones, la Contraloría emitió 13 recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional. Entre ellas figuran la obtención de las factibilidades de servicios públicos, la regularización de las autorizaciones para la disposición final de residuos, el sustento técnico del presupuesto, la actualización del flujo de caja y la incorporación de la documentación financiera requerida para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
La entidad regional dispone de 20 días hábiles para implementar las recomendaciones y remitir la documentación correspondiente al Órgano de Control Institucional, con copia a la Contraloría General de la República. Mientras estas observaciones no sean levantadas, el proyecto no podrá avanzar a la etapa de convocatoria, retrasando una inversión considerada estratégica para fortalecer la educación superior tecnológica en la provincia de Islay.
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