Luego de realizar un monitoreo de control, la Contraloría General de la República halló una irregularidad en el pago de aguinaldos, bonificaciones e incrementos remunerativos a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura durante el periodo de enero de 2015 a febrero de 2020, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 6 923 228. Tras esta situación, la entidad recomendó el inicio de acciones legales y administrativas contra 15 servidores públicos.
El informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 030-2020-2-0454-AC determinó que durante el periodo auditado se hicieron extensivos pagos de incrementos remunerativos y bonificaciones derivados de negociaciones o pactos colectivos a favor de alcaldes y funcionarios de dirección y confianza, pese a que tales trabajadores están excluidos de los alcances del derecho de sindicalización y negociación colectiva, además de los propios pactos colectivos suscritos.
Según las investigaciones, la Contraloría detectó que estas presuntas irregularidades habrían sido cometidas por los jefes de la Unidad de Remuneraciones y de la Oficina de Personal, quienes elaboraron las planillas de sueldos mensuales y emitieron los informes para el inicio del trámite de pago de las mismas, e incluyeron incrementos remunerativos, aguinaldos y escolaridad por montos superiores a los establecidos en la normatividad aplicable.
También estarían involucrados los gerentes de Administración, quienes aprobaron las mencionadas planillas de remuneraciones para su trámite y atención mediante proveídos dirigidos a la Unidad de Integración Contable, soslayando el correcto y regular funcionamiento de los procedimientos para efectuar los pagos.
De acuerdo con el análisis realizado por la comisión de auditores, solamente en los pagos de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, y en la bonificación por escolaridad, se causó un perjuicio de más de S/ 1 700 000.
La auditoría de cumplimiento fue notificada al alcalde provincial para que disponga el inicio de las acciones administrativas que correspondan, y se pondrá de conocimiento a la Procuraduría Pública para las medidas legales respectivas en contra de los funcionarios involucrados.
Fuente La República
