La Contraloría General de la República presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que establece sanciones cuando se detecte que algún funcionario público haya cometido una infracción administrativa, con agravantes para hechos ocurridos durante un estado de emergencia.
En un documento enviado al presidente del Legislativo, Manuel Merino, el contralor Nelson Shack recuerda que el 29 de abril del 2019 enviaron al Congreso una propuesta similar, por lo que se requieren hacer “algunas precisiones” debido a la coyuntura actual, con el estado de emergencia por coronavirus (COVID-19).
“[…] Motivo por el cual remitimos esta nueva propuesta legal para que pueda ser analizada y debatida en el Congreso de la República”, manifestó el titular del ente contralor.
La propuesta plantea modificar diversos artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República para incluir la obligación para que las entidades públicas implementen acciones concretas luego que se identifiquen infracciones administrativas funcionales. El plazo para concretar estas medidas será de máximo 15 días.
Faltas incluidas por la Contraloría
El proyecto indica que la Contraloría General de la República podrá sancionar como resultado de las acciones de control posterior que detecten faltas administrativas.
En total, se tipifican 33 tipos de conductas infractoras, entre ellas: la autorización o ejecución de operaciones o gastos ilegales; autorizar, ejecutar o influir en una transferencia para un uso irregular o para beneficio propio; y el uso indebido de bienes o recursos públicos.
Algunas infracciones incluyen el hecho de que sean cometidas en situaciones de emergencia declaradas por ley, permitirá que se apliquen sanciones por faltas “muy graves”.
“Las infracciones se cometen de forma intencional o por no haber actuado con el cuidado que era necesario por diligencia debida, salvo que la infracción señale que se comete a título intencional o culposo”, se lee en el texto.
Contraloría podrá sancionar
La iniciativa, de ser aprobada, permitirá que la Contraloría imponga como sanción la inhabilitación en el ejercicio de la función pública de entre 1 y 5 años en caso de infracción muy grave. La sanción será no menor de 30 días ni mayor a 1 año para infracciones graves.
Si la sanción es mayor a los 6 meses, se incluirá la extinción del vínculo jurídico de cualquier naturaleza que tenían el funcionario infractor y una entidad pública.
Fuente El Comercio
