La Contraloría General detectó que la Municipalidad Distrital de Tabalosos pagó por trabajos no realizados en su totalidad al consorcio contratado para la obra de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de San Miguel del río Mayo, en la provincia de Lamas; y tampoco advirtió la existencia de tuberías expuestas al momento de la recepción y liquidación final del proyecto, ocasionando un perjuicio económico a la entidad de S/ 209 417.
Según el Informe de Control, luego que el consorcio culminó con los trabajos, la entidad formó un comité de recepción y el 05 de marzo de 2020 realizó una serie de observaciones menores a la obra que luego fueron subsanados por el contratista. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, se concretó la recepción del proyecto y el 10 de setiembre se aprobó la liquidación final, en la que se determinó un costo de S/ 4 103 105 y un saldo de S/ 63 097 a favor del consorcio.
Sin embargo, de la inspección física efectuada a la obra, por parte del equipo de control el 2 de setiembre de 2022, se verificó la existencia de un tramo de tubería expuesta y partiendo de tal hecho se verificó que no se ejecutaron 150 metros en las partidas de excavación manual de zanjas para tubería en terreno semirocoso, refine y nivelación de zanjas, así como relleno y compactado de zanjas.
Se confirmó también, tras realizar 15 pruebas (calicatas), que no se ejecutaron 4500 metros de la partida denominada “Cama de apoyo y protección de tubería”. Vale indicar que todos estos trabajos corresponden a la línea de conducción del agua potable.
Tras el visto bueno de la supervisión, funcionarios de la entidad dieron su conformidad a las valorizaciones N°2, N°3, N°4, y N°6, que incluían estas partidas de metrados sin ejecutar y por lo que se le pagó al consorcio de manera irregular. El comité de recepción tampoco advirtió esta irregularidad y entre las observaciones que realizó a la obra tampoco mencionó la existencia de tubería expuesta en la línea de conducción de agua potable. Por último, se corroboró que la entidad firmó contrato con el consorcio en cuestión, ganador de la buena pro, pese a que no cumplió con acreditar la experiencia mínima de 4 años de su especialista en Arqueología.
El informe de control establece que cinco funcionarios de la entidad están comprendidos en los hechos irregulares, motivo por el cual tienen presunta responsabilidad penal y administrativa.
Fuente Diario Voces
