El actual jefe de la Oficina de Defensa Civil y secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) del Gobierno Regional, Antonio Bustamante Bedoya, tiene una inhabilitación vigente para ocupar cualquier cargo público por tres años.
La sanción fue ratificada en última instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, el pasado 22 de diciembre del 2016.
Al mayor (r) se le encontró responsabilidad «al actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado» cuando fue subgerente de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Vigilancia Interna de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), en el 2013.
Ese año, la comuna arequipeña, a requerimiento de la oficina de Bustamante, convocó a licitación pública la adquisición de un lote de 30 unidades móviles (sedan) NISSAN para Seguridad Ciudadana.
Un comité especial ad hoc se encargó de adjudicar el servicio a la empresa Reparaciones y Servicios del Sur – Resersur S.A.C.
Si bien Bustamante Bedoya no fue parte del comité, donde entra nuevamente a tallar es al momento de la entrega de los vehículos.
Su despacho emitió el informe Nº 349- 2013-MPA/GSC/SGSC dando conformidad, pese a que la empresa no había cumplido con todos los requisitos establecidos en las bases integradas. Según la Contraloría, estos hechos dieron lugar a un beneficio ilegal en favor de la compañía.
La contratista no entregó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para los vehículos y se pretendió que la Gerencia de Administración Financiera de la comuna adquiera el seguro para las unidades, cuando no le correspondía.
El proveedor tampoco entregó antenas radio móvil y no dictó las clases de manejo defensivo para el personal del Serenazgo, según se exigía.
Por esto, el Órgano instructor Sur de la Contraloría le abrió proceso y inhabilitó al oficial retirado el 24 de julio del 2015.
Este apeló a la segunda y última instancia (Tribunal Superior), pero se ratificó la sanción.
Optará La Vía Judicial
Bustamante aseguró que aún no recibe la resolución que confirma la sanción y que una vez esté en sus manos recurrirá a las instancias judiciales.
En su defensa, refirió que como área Usuaria hizo el requerimiento, pero no tuvo responsabilidad. En su opinión, es el área de Logística que debía exigir el cumplimiento de las prestaciones.
En su descargo ante el ente fiscalizador, dijo que firmó la conformidad de buena fe porque los vehículos fueron verificados por personal del Taller Municipal.
Al respecto, el gobernador regional de Moquegua, Jaime Rodríguez, respondió que desconoce del tema, pero en caso de confirmarse le agradecerá los servicios prestados y le dirá hasta luego
Diario La República
