Un informe de la Contraloría General de la República implica al gerente regional de Infraestructura de Arequipa, Fernando Arenas Cano, en la contratación irregular de maquinaria para la construcción de la carretera Atico-Caravelí en el 2009.
El documento señala que el funcionario de confianza, del ahora gobernador Elmer Cáceres Llica, omitió sus funciones y emitió informes, a pesar de que conocía que el servicio se dio con hasta 55 días de antelación. Incluso recomendó acciones penales por el delito de negociación incompatible contra Arenas Cano y otros cinco funcionarios del municipio provincial de Caravelí.
Hubo favorecimiento
La Contraloría es clara en las conclusiones. Se determina que los funcionarios municipales, junto a Arenas Cano (en calidad de residente de obra designado por el Gobierno Regional de Arequipa), favorecieron a la contratista Consorcio GSB Construcciones y Servicios SAC y Trademap SRL, con un contrato de alquiler de maquinaria por un valor de S/ 163 240 para la construcción de la carretera Atico-Caravelí.
Y es que, el 24 de noviembre de 2009, se convocó a un proceso de selección para el alquiler de maquinaria. Este se declaró desierto, debido a que no se presentaron postores. El 16 de diciembre, se volvió a convocar. Pero, para esto, la comisión de selección modificó las bases originales quitando el requisito de la «carta de garantía de seriedad de oferta». Además de ello, cuando la contratista presentó sus documentos, obvió la «acreditación de antigüedad de maquinaria» y esto no fue observado.
Con todas estas falencias, el proceso continuó y, finalmente, se firmó el contrato el 28 de diciembre de 2009.
Participación de Arenas
La participación del hoy gerente regional de Infraestructura se dio días después de la firma del contrato. El 13 de enero de 2010, otorgó la conformidad del servicio de alquiler de cargador frontal, motoniveladora y excavadora mediante un informe. En este, se indica que la contratista ya daba el servicio desde el 3 de noviembre del 2009. Es decir, 55 días antes de que se firmara el contrato real.
No solo eso, la Contraloría precisa que los informes hacen referencia al proceso de selección, «por lo que se advierte que tenía conocimiento de que la prestación de los servicios de alquiler de maquinaria se venían ejecutando desde el 3 de noviembre».
Por esto, Contraloría indica que hubo interés por acto simulado en los funcionarios. A Arenas Cano, lo responsabiliza por no verificar la conformidad del servicio prestado. Habría omitido sus funciones como residente de obra.
«Nunca hice nada irregular, cumplí con mi función de residente»
La República conversó con Arenas Cano. Este aseguró que nunca estuvo involucrado en ninguna irregularidad y menos en el favorecimiento a una contratista.
«Yo cumplí con mi función de recepcionar la maquinaría que iba a trabajar, también a los obreros. Mi función era netamente técnica y no administrativa. Es más, yo era un ingeniero designado por el gobierno regional y quienes hicieron el proceso fueron los funcionarios del municipio de Caravelí», indicó.
Sobre la recomendación penal, el funcionario manifestó que estaba tranquilo con su conciencia. «Siempre he tenido todos mis documentos ordenados, mis cuadernos de obra y todo. Si habría alguna demanda, no tengo problema en responder», terminó.
Fuente La República
